By Proceso
La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez, reprochó a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, su elusiva postura frente a la dictadura nicaragüense encabezada por Daniel Ortega y le recordó que en un régimen de esa naturaleza el pueblo no puede decidir su destino.
El lunes, Sheinbaum fue consultada en la “mañanera” sobre el anuncio de Ortega de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” y la mandataria respondió de manera escueta y elusiva: “Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos”.
Para Jiménez, esa respuesta elude el tema central, ya que si algo está demostrado es que la dictadura que encabezan Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en Nicaragua, es que “no permite que los nicaragüenses elijan”.
Las declaraciones de Sheinbaum, dijo a Proceso la presidenta de WOLA, son “muy reprochables” porque en Nicaragua el pueblo no puede decidir quiénes lo gobiernan porque no hay democracia.
Y esto, sostuvo, además de ser un hecho, es una postura “casi unánime a nivel internacional, que denuncia la actitud abiertamente antidemocrática por parte del gobierno nicaragüense”.
Entonces, “cabe preguntarse cómo puede la presidenta Sheinbaum promover la idea de que México ‘respetará lo que decida el pueblo nicaragüense’”.
Las declaraciones de Ortega cerrando las puertas a cualquier proceso electoral democrático las formuló el pasado 19 de julio en Managua, en el marco de la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista.
“No volverá a haber elecciones para que ellos (la oposición) intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder”, dijo Ortega, quien junto con su esposa y sus hijos controla todos los poderes del Estado –el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo–, además de la policía, el Ejército y los cuerpos parapoliciacos de represión.
La mayoría de gobiernos de la región, incluso los progresistas, como el del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, han condenado las declaraciones de Ortega, quien se ha mantenido en el poder desde 2007 encarcelando o enviando al exilio a todos sus opositores, y han llamado al restablecimiento de la democracia en ese país centroamericano.
El gobierno brasileño expresó en un comunicado que la celebración de elecciones libres, periódicas, pluralistas y transparentes es un pilar de la democracia y exigió a Ortega garantizar el derecho de la población a elegir a sus dirigentes.
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua señaló en un informe que desde el inicio de las protestas contra el régimen, en 2018, los Ortega-Murillo ordenaron a la Policía Nacional, al Ejército y a los grupos armados progubernamentales reprimir violentamente las manifestaciones, “como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder”.
De acuerdo con el reporte, el número elevado de víctimas que sufrieron impactos en zonas vitales del cuerpo “pone en evidencia que el objetivo de los actos de represión no fue detener o herir a las personas manifestantes, sino matarlas”.
Desde el inicio de las protestas antigubernamentales, más de cinco mil personas han sido arbitrariamente detenidas, la mayoría de las cuales fueron sometidas a torturas, incluida la violencia sexual, o a tratos crueles y degradantes; 14 más fueron desaparecidas, y se registraron 40 casos de ejecuciones extrajudiciales, según el informe.
