By Proceso
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, emitió el fallo final del arbitraje internacional promovido por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, en el que concluyó que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador sí incurrieron en acciones que afectaron las operaciones de la empresa.
De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Economía, que actualmente es presidida por Marcelo Ebrard, el procedimiento se realizó al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La empresa reclamaba que, entre enero de 2018 y 2022, el Estado mexicano afectó la operación de sus inversiones en el país, realizadas a través de Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. (Calica).
Sin embargo, la Secretaría de Economía aseguró que el laudo final del Tribunal Arbitral, emitido este 27 de julio, desestimó prácticamente todas las reclamaciones presentadas por Vulcan y únicamente declaró procedente la relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018.
Es entonces que el gobierno de la Cuarta Transformación sostuvo que la compensación reconocida representa menos del 1% del monto originalmente reclamado por la empresa.
“Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado. El gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance”, señaló.
El cierre de la planta
El litigio internacional se originó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero escaló durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Y es que en 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó el cierre total de la planta de extracción de piedra caliza de Calica y, posteriormente, el gobierno federal ocupó los terrenos donde operaba la empresa en Quintana Roo con el apoyo de 40 elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
La estadunidense Vulcan Materials Company, propietaria de la minera, reclamó al Estado mexicano una indemnización por mil 529 millones de dólares al considerar que las medidas adoptadas durante el sexenio de López Obrador violaron las protecciones a la inversión previstas en el TLCAN.
