By La Silla Rota
Martín Díaz denuncia que él y su familia fueron víctimas del despojo del inmueble ubicado en la calle Sur 79, número 4368, en la colonia Viaducto Piedad, por parte de su primo Roberto Miranda Díaz, mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y quien fue acusado por su exesposa de formar parte de una red de despojos en la Ciudad de México.
En entrevista con La Silla Rota, Martín relató que el despojo se originó después de que Roberto Miranda le ofreció a su padre, Rafael Antonio Díaz López, un préstamo para, según su testimonio, “regularizar la propiedad” a cambio de dejar el inmueble en garantía.
Según Martín, el préstamo se realizó en efectivo y en condiciones que favorecían a Roberto Miranda.
El “gota a gota”
Este mecanismo, sostiene, se asemeja a los préstamos realizados bajo la modalidad de extorsión conocida como “gota a gota”, en los que el incumplimiento de los pagos deriva en el cobro de intereses y posteriormente en acciones contra los deudores, por lo que cuando su padre no pudo cumplir con algunos de los pagos, Roberto Miranda inició un proceso que terminó con el desalojo de la familia de su inmueble.
La víctima acusa que Roberto pudo realizar esta estafa debido a su puesto como mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismo cargo que también ocupaba Virginia “N”, presunta invasora de la colonia Del Valle y figura que ha sido señalada por distintos denunciantes como facilitadora de presuntos despojos de viviendas en la Ciudad de México.
“Mi primo planeó todo desde el principio. Usa su puesto en el tribunal y todo lo de justicia alternativa, todo lo de mediación. Lo tiene perfectamente planeado y no solamente lo hizo con nosotros, lo ha hecho con otras personas”, afirmó Martín en entrevista.
¿Qué es el “gota a gota” inmobiliario?
Los préstamos “gota a gota” son una modalidad informal de crédito en la que se entrega dinero con pocos requisitos y se establecen intereses elevados que pueden hacer que la deuda aumente rápidamente.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha advertido que estos préstamos pueden derivar en cobros violentos o en el robo de mercancías cuando los deudores no pueden pagar.
En el caso de Martín Díaz, el supuesto préstamo fue por 1 millón 824 mil pesos y debía ser cubierto en 12 mensualidades. El préstamo se “oficializó” a través de un convenio de mediación registrado ante el Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, los hijos de Rafael Antonio Díaz López sostienen que su padre nunca firmó ese convenio y que la firma que aparece en el documento fue falsificada. La familia afirma que incluso obtuvo una resolución judicial favorable relacionada con este caso.
El despojo del inmueble de Sur 79
El inmueble ubicado en Sur 79 número 4368, en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco, fue construido por el abuelo de Martín Díaz hace más de 50 años.
Al morir, la propiedad quedó en herencia para sus tres hijos, Rafael Antonio Díaz López, Graciela de Jesús Díaz López y María del Carmen Díaz López.
De acuerdo con Martín, fue después de esa repartición cuando Roberto Miranda Díaz se acercó a su tío Rafael diciéndole que necesitaban dinero para realizar los trámites relacionados con el inmueble y se ofreció a prestárselo.
Martín explicó que su padre aceptó porque dentro de la familia se sabía que Roberto se dedicaba al préstamo de dinero. El dinero fue entregado en efectivo, según su relato.
Sin embargo, después de que el señor Rafael no pudiera realizar algunos pagos del préstamo, Roberto Miranda comenzó un proceso de desalojo en contra de su tío, bajo el argumento de la firma de un convenio de mediación, el cual señalaba que la parte del edificio que le correspondía al señor Rafael había quedado como garantía del préstamo.
En vida, el señor Rafael aseguró que nunca firmó dicho convenio, que el préstamo había sido “de palabra” y que su firma fue falsificada.
Ante ello, el señor Rafael denunció por fraude procesal a su sobrino Roberto Miranda y a su socio Eduardo Campos Cruz, quienes de acuerdo al convenio, conducido por la también mediadora privada Guillermina Sánchez Nieto (esposa de Eduardo) le habrían prestado un millón 824 mil pesos
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en 2019 en la carpeta de investigación CI-FPC/74/UI-7 S/D/17466/12-2019.
En la denuncia, la familia argumentaba que Rafael nunca firmó dicho convenio y que incluso se encontraba imposibilitado para acudir a firmarlo debido a su estado de salud.
Según Martín, su padre había perdido una pierna, padecía diabetes avanzada, tenía dificultades para caminar y necesitaba ayuda para desplazarse. También tenía problemas de audición y visión. La familia cuestionó que hubiera podido acudir al lugar donde, según su versión, se realizó la firma, porque el acceso era por escaleras y Rafael no podía subirlas.
Con el tiempo, de acuerdo con el testimonio de Martín, la familia logró demostrar por la vía jurídica que la firma del convenio no correspondía a la del señor Rafael y obtuvo una sentencia favorable. Después de que Roberto Miranda y Eduardo Campos Cruz fueron notificados, Miranda acudió con Rafael para pedirle que lo perdonara.
“Fue a llorarle a mi papá que lo perdonara”, relató Martín.
El señor Rafael aceptó las disculpas y se desistió del caso, de acuerdo con el testimonio de su hijo. Sin embargo, murió en 2020 a causa de un infarto.
Tras la muerte de Rafael, según Martín, Roberto Miranda ejecutó el convenio de mediación y reclamó la parte del inmueble que había quedado como garantía. El conflicto terminó en 2023 con el desalojo de Martín y su hermano.
“Llegan con al menos 200 personas, entre ellos cerrajeros para rápido volar las chapas y cambiarlas, pusieron rejas, eso parecía una prisión improvisada. Nos sacan, sacan las cosas que teníamos en la calle y nos golpean, me golpean a mí, golpean a mi hermano”, afirmó.
De acuerdo con Martín, después del desalojo Roberto Miranda quedó en posesión del inmueble.
Carpeta de investigación “se perdió”
Actualmente, la familia mantiene abierta la disputa sobre la autenticidad de la firma que aparece en el convenio. Martín afirma que solicitaron a la Fiscalía realizar un peritaje para determinar si la firma corresponde a su padre, pero sostiene que no han podido continuar con la investigación porque la Fiscalía les dijo que la carpeta “se había perdido”.
“Pediríamos que encuentren nuestra carpeta perdida, que nos den nuestra carpeta, que nos dejen terminar la investigación, que nos dejen hacer el peritaje de la firma a ver si es cierto”, pidió Martín.
La Silla Rota consultó sobre este caso a la Fiscalía de la Ciudad de México; sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta a la solicitud de información.
Asimismo, se buscó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para preguntar sobre la actuación de los mediadores privados certificados, como Roberto Miranda y Virginia “N”, en casos de despojo. La dependencia tampoco respondió la solicitud de información.
Roberto Miranda también es acusado por su exesposa
El caso de Martín Díaz coincide con el relato de Lucía Sotelo, exesposa de Roberto Miranda Díaz, quien también lo acusa de utilizar su condición de mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para realizar operaciones relacionadas con inmuebles.
En entrevista con La Silla Rota, Sotelo afirmó que Miranda ofrecía dinero a personas que necesitaban efectivo, dejaba los inmuebles como garantía y formalizaba los acuerdos mediante convenios de mediación privada que posteriormente podían ser utilizados para iniciar procedimientos de desalojo.
Lucía Sotelo también afirma que ella terminó siendo víctima de este mecanismo después de divorciarse de Miranda en 2023.
Según su testimonio, el abogado utilizó un convenio de mediación para disputar la propiedad de la casa que ambos habían adquirido en Cacatúas 17, en la colonia Lomas de las Águilas.
“Me divorcié de él porque ejercía violencia en mi contra, ante todo familiar, y posteriormente me quería involucrar. Me pedía ayuda para manipular a personas para que firmaran convenios y participaran en ese tipo de procedimientos, pero siempre me negué”, declaró.
“Durante años se ha dedicado a esto utilizando su puesto como mediador privado certificado”, sostuvo.
