By Proceso
El proceso electoral rumbo a los comicios de 2027 arrancará la primera semana de septiembre con el desafío de Morena para retirarle el fuero al senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Por lo pronto, el conflicto entre ambos partidos ya se expresó en acciones judiciales contra el entorno del exgobernador de Campeche y confrontaciones físicas en el Congreso.
El escenario de una alianza de facto entre el PRI y el PAN que pudiera dificultar eventuales triunfos de Morena, particularmente en estados de la frontera norte, y la reactivación de expedientes contra Alito por su gestión como gobernador de Campeche entre 2015 y 2019, han revivido la pretensión de quitarle la inmunidad legislativa para procesarlo penalmente.
Para la exdirigente nacional del PRI y expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, la reactivación de este tema responde a cálculos electorales estatales más que a una amenaza real del tricolor en el Congreso. “En los escenarios estatales es a los que hay que prestar atención. Ése es el efecto de las presiones que están recibiendo. No es la elección de la Cámara de Diputados, esa Morena cree que la va a controlar totalmente. Son las gubernaturas. Tiene que ver algo con las posiciones del PRI en algunos estados de la República. Con evitar que haya algún apoyo —no coalición— sino alguna alianza, candidatura común o alianza de facto en algunas gubernaturas que Morena ve en riesgo”, explica en entrevista con Proceso.
Tal sería el caso de entidades como Nuevo León, Sonora, Chihuahua o estados fronterizos donde la 4T podría tener más dificultades para ganar las gubernaturas, dado que aún está abierta la posibilidad de que el PRI y el PAN lleven candidaturas comunes para sumar votos en la boleta. Sin embargo, Sauri no prevé que la presión culmine necesariamente en el desafuero: “Si quisieran de veras acabar con Alejandro Moreno hubieran activado desde el inicio de esta legislatura la Sección Instructora y los juicios de procedencia pendientes. Ocupan mucho más al moribundo que al difunto”.
Por su parte, la analista política Adriana Pineda Pérez advierte que la forma en que Morena procese el desafuero en la Cámara de Diputados pondrá a prueba la imparcialidad de los órganos legislativos frente a la contienda de 2027. “Ocurre lo mismo que vimos con la Sección Instructora en otros casos polémicos, como el de Cuauhtémoc Blanco, donde el proceso estaba muy justificado y no se le quitó el fuero. Si a Alejandro Moreno sí se lo quitan, los antecedentes dejan espacio a cuestionar si el procedimiento responde a la ley o a un criterio político. Es lo complejo de mantener un análisis neutral: observar cómo los procedimientos no se aplican con la misma vara, lo que termina generando más argumentos sobre una persecución”.
Pineda añade que la reactivación de estos expedientes en vísperas del proceso electoral sienta un precedente institucional hacia la oposición. “Es como un llamado de atención: el riesgo de que empiecen a abrirse carpetas de investigación para inhabilitar o golpear candidatos antes de las elecciones. Si logran echar a andar la Sección Instructora contra un dirigente, el mensaje para los que buscan competir o reelegirse es que la misma línea se puede aplicar de forma sistemática”.
El intento de acelerar el juicio de procedencia se da tras una serie de episodios recientes entre la dirigencia tricolor, las autoridades electorales y los gobiernos de la 4T.
Entre la ejecución de órdenes de aprehensión contra su entorno cercano en Campeche, presiones para reactivar su desafuero en el Congreso y resoluciones del INE en su contra, Alejandro Moreno Cárdenas volvió a buscar el frente internacional. En su quinta gira a Washington en dos años, el pasado 10 de agosto el dirigente nacional del PRI acusó censura y persecución política —sumándolas a sus denuncias previas por presuntos nexos del oficialismo con el crimen organizado—, un movimiento que aceleró la respuesta de Morena.
La visita de Alito a EU no pasó inadvertida en la cúpula morenista, que en su conferencia de prensa semanal del pasado 11 de agosto dedicó varios minutos para leer un posicionamiento en el que acusaron al senador de buscar injerencia extranjera y refugio para evadir la justicia mexicana.
“En el fondo es quererse cubrir de impunidad ante las investigaciones y acusaciones que hay en su contra. (…) Me parece que detrás de sus acusaciones en Washington están de fondo las investigaciones, las denuncias hacia sus actos de corrupción en el tiempo en que fue gobernador de Campeche. Son traidores a la patria y buscan impunidad”, declaró la dirigencia de Morena. En esa misma presentación, la cúpula de la 4T llamó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados a resolver el tema de desafuero contra Moreno Cárdenas.
Un día después, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador morenista Arturo Ávila se pronunció abiertamente para pedir el juicio de procedencia. Minutos después, Ávila fue increpado por el diputado priista Carlos Eduardo Mancilla en un pleito verbal y con roces físicos que tuvo de trasfondo la figura de Moreno Cárdenas.
Alrededor del líder priista rondan también las recientes detenciones de Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal vinculado a empresas de Emigdio Moreno Cárdenas (hermano del dirigente priista), y de Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social del Gobierno de Campeche durante el sexenio de Alejandro Moreno. Ambos fueron capturados entre el 10 y 11 de agosto e ingresados al penal de San Francisco Kobén, imputados por la Fiscalía Anticorrupción local por el delito de peculado.
Dicha entidad es gobernada por la morenista Layda Sansores, quien desde el inicio de su administración convirtió las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y peculado contra el exgobernador en una bandera política central, marcada por la difusión de audios en su programa El Martes del Jaguar y la apertura de múltiples carpetas de investigación en la fiscalía local.
A estas aristas se suma la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que emitió medidas cautelares y ordenó al PRI y a Alejandro Moreno el retiro provisional de nueve publicaciones en redes sociales por presunta calumnia, al considerar que el uso de términos como “narcopartido”, “narcogobierno” o “cártel de Morena” imputaba delitos sin sustento ni respaldo periodístico.
Será en próximas fechas, cuando abra el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, que se conformen órganos clave como la Sección Instructora —para la que se perfila el morenista Sergio Gutiérrez Luna— y se defina si la mayoría acelerará o no el procedimiento contra el dirigente priista.
