By Proceso
Durante la gestión de Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, la entrega de participaciones estatales a los ayuntamientos quedaron ligadas a la contratación de un grupo de empresas encabezado por el empresario tijuanense Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, según información recabada por Proceso.
El 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a esas compañías y a su dueño en la lista de sancionados por formar parte del entramado financiero de Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa que encabeza Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco.
En la misma designación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló al exesposo de la gobernadora, el exdiputado Carlos Alberto Torres Torres, como “facilitador político” que, según Washington, “conspiró para brindar protección a las operaciones de Los Mayos en Baja California”.
El grupo aparece como proveedor de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Oficialía Mayor, la Secretaría de Turismo y cuatro de los siete ayuntamientos de la entidad, todos gobernados por Morena. Los montos documentados suman más de 280 millones de pesos.
El blindaje
El 3 de marzo de 2026, Gerardo Abdiel Contreras Hernández, representante legal de Wermak Publired, S.A. de C.V. –una de las empresas del grupo de Moreno Gómez Santelices–, firmó una “Declaración bajo protesta de decir verdad sobre procedencia lícita de recursos” dirigida al director del Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada. Proceso tiene copia del documento.
En él, la empresa declara que sus recursos “provienen de actividades lícitas”; que “no ha sido señalada, investigada, procesada ni condenada por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada” ni otros delitos patrimoniales o financieros; que sus socios, accionistas y beneficiarios finales “son plenamente identificables”, y que cumple la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El representante reconoce, además, que una declaración falsa constituye delito.
El documento acredita la personalidad del firmante con un poder notarial del 31 de julio de 2024, otorgado ante la Notaría Pública 3 de Tecate, y fija como domicilio el bulevar Salinas 10485, piso 10, colonia Aviación, en Tijuana. El RFC asentado, WPU230612NQ7, coincide con la fecha de constitución que la OFAC registra para la empresa: 12 de junio de 2023.
Seis meses después, el Tesoro incluyó a Wermak Publired en su lista de sancionados. Proceso solicitó al gobierno municipal de Ensenada su postura sobre la firma de este documento; al cierre de esta edición no había respondido.
El grupo no era ajeno a Ensenada. FAMA Producciones, también de Moreno Gómez Santelices, organizó los carnavales de 2024 y 2025 y conciertos de música regional en 2026, según documentó el semanario Zeta. Sin embargo el 5 de octubre, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz ordenó “blindar” el padrón municipal de proveedores: vetó a las empresas señaladas por la OFAC y a sus socios, accionistas, representantes y beneficiarios, y ahora exige a cada proveedor identificar a sus beneficiarios finales.
La presión financiera a Ensenada
La relación entre el gobierno de Ávila Olmeda y el Ayuntamiento de Ensenada, que encabeza Claudia Agatón, acumula tensiones en el terreno financiero, en particular por la entrega y aplicación de las participaciones que corresponden al municipio.
Durante 2025, meses antes de que Wermak Publired, empresa señalada por el gobierno de Estados Unidos, firmara la declaración de procedencia lícita dirigida al Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano, la tesorería municipal registró una reducción de entre 25% y 30% en las participaciones estatales destinadas a Ensenada, una afectación de alrededor de 19 millones de pesos, cuando las finanzas municipales atravesaban una situación particularmente complicada.
La alcaldesa hizo público su reclamo: denunció un trato financiero diferenciado por parte del gobierno estatal y contrastó los recursos que ha recibido su administración con los apoyos que obtuvo su antecesor, Armando Ayala Robles.
Según Agatón, mientras la administración anterior habría recibido alrededor de 120 millones de pesos en apoyos estatales, durante su gestión las participaciones estatales llegaron a reducirse a cero.
El señalamiento abrió un nuevo frente entre ambos gobiernos y alimentó entre actores políticos locales la versión de que las finanzas municipales se usaban como instrumento de presión política.
El gobierno estatal rechazó esa interpretación. Ávila Olmeda calificó de “totalmente falso” que su administración retuviera participaciones a Ensenada y aseguró que había destinado alrededor de 900 millones de pesos en distintos apoyos al municipio, aproximadamente 305 millones de ellos durante la gestión de Agatón.
La Secretaría de Hacienda estatal ofreció otra explicación: parte de las participaciones del ayuntamiento se habría aplicado al pago de obligaciones pendientes con el Issstecali. El gobierno estatal reportó 149 millones de pesos destinados a esos compromisos y sostuvo que, además, había afectaciones relacionadas con obligaciones fiscales federales.
Aun así, el conflicto no se cerró.
La red y su dueño
La OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas. Ubica a Moreno Gómez Santelices, de 43 años y presidente de Corporativo Marsan, entre los “operadores financieros e interlocutores clave” de Los Mayos y le atribuye el control de 10 de esas empresas, entre ellas Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría (FAMA), Wermak Publired y Conciertos y Espectáculos Inhouse. “Tenemos 10 empresas de todo. Seguridad, hacemos conciertos, construcción, inmobiliaria, software, finanzas…”, dijo el propio empresario en un video difundido por el portal Latinus.
Moreno Gómez Santelices tenía trato directo con la gobernadora. Según Latinus, la acompañó en la feria México Oficial en San Diego (abril de 2025), en el desayuno del Día del Ejército en Tijuana (febrero de 2026) y en un evento del gobierno estatal en la Ciudad de México.
Sobre Carlos Torres, el Tesoro afirmó que “utilizó su influencia política para facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa y proteger a sus miembros de acciones de las autoridades estatales”, y que habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue sancionado. En mayo de 2025, Estados Unidos había revocado las visas de la gobernadora y de Torres; en octubre de 2025, Ávila Olmeda anunció su divorcio.
La Fiscalía pagó a Inteliproof más de 200 millones de pesos entre 2022 y 2025 por alrededor de 40 contratos de uniformes, equipo táctico, mantenimiento, cómputo y software de reconocimiento facial, según la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). De los 33 contratos localizados en la Plataforma Nacional de Transparencia, 19 fueron adjudicaciones directas. La FGE reconoció los contratos, pero reservó los detalles por tratarse de “tecnología, equipo táctico y aspectos de seguridad”.
La Oficialía Mayor otorgó a Inteliproof siete contratos por alrededor de 16.5 millones de pesos –seis de ellos por adjudicación directa en 2024– y alrededor de 2 millones a Wermak Publired. La Secretaría de Turismo pagó 9.5 millones a FAMA.
En los municipios, Tijuana pagó 29.5 millones por la modernización de semáforos mediante una adjudicación directa firmada en 2024. Playas de Rosarito, cuya exalcaldesa Hilda Brown Figueredo fue sancionada por el Tesoro en septiembre de 2025, acumula 13.7 millones con Inteliproof, FAMA y Wermak. Tecate rentó cuatro patrullas a Inteliproof por 3.5 millones en diciembre de 2025 y adjudicó de forma directa una asesoría a Private Equity Baja en enero de ese año. Ensenada, por su parte, firmó contratos por 2.9 millones de pesos.
La respuesta del gobierno
Tras la designación, la gobernadora aseguró que no figura en ninguna lista de sanciones y que su relación con su exesposo se limita a los asuntos de su hijo. Ordenó a la Oficialía Mayor identificar los contratos con empresas sancionadas y turnarlos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y precisó que se revisarán “conforme a las circunstancias jurídicas existentes al momento de su celebración”.
Sobre la juguería Vida Orgánica Tijuana, también sancionada, la mandataria dijo que “desde 2023 dejó de formar parte de dicha sociedad mercantil”. Mexico News Daily reportó, en cambio, que su salida se formalizó en septiembre de 2026, 19 días antes de la sanción.
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La revisión no se limita al gobierno de Baja California. Ávila Olmeda ordenó examinar también las relaciones contractuales que las empresas señaladas por las autoridades estadunidenses hayan mantenido con dependencias estatales y con los ayuntamientos de la entidad.
La instrucción prevé que la Oficialía Mayor verifique los contratos existentes y remita los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. “Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley”, sostuvo la mandataria, quien aseguró que su administración no encubrirá a nadie, pero tampoco prejuzgará antes de que concluyan las investigaciones.
En Ensenada, la revisión cobra especial relevancia por las diferencias que en los últimos meses se han hecho públicas entre el gobierno estatal y la administración de Claudia Agatón, quien denunció la retención de participaciones estatales y que también firmó convenios con empresas que forman parte de la red de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar.
