By Cuestione
Tila, un municipio de unos 85,000 habitantes en el norte de Chiapas se convirtió en un infierno en días pasados. Del 3 al 8 de junio, la cabecera municipal, donde viven alrededor de 10,000 personas, estuvo asediada por grupos criminales que sembraron el terror entre la ciudadanía que tuvo que dormir en las azoteas para protegerse de las invasiones y los incendios provocados a las casas.
Fueron cinco días de horror en los que ni las autoridades, ni los medios de comunicación, ni el gobierno hicieron algo para proteger a Tila donde no hay industrias, ni grandes empresas, ni cajeros automáticos, ni seguridad, ni salud; “todos somos maestros, dueños de pequeños negocios”, nos explicó un habitante del pueblo quien pidió mantenerse en el anonimato por seguridad.
Nuestra fuente nos dijo que lo que sí hay en Tila es una rampante corrupción que se ha apoderado de todas las calles desde la presidencia municipal donde gobierna -directamente o a través de algún familiar- desde hace 21 años Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, del PVEM.
Acusó que el presidente municipal, apoyado en su secretario de gobierno Jorge Cruz Pineda, el delegado de gobierno de Yajalón, Alejandro Jiménez Jarquin y en contubernio con el párroco Heriberto Cruz Vera, han iniciado lo que pobladores llaman una guerra psicológica, aunque otros le llaman incluso terrorismo.
Es importante resaltar que este conflicto no inició en junio de 2024, sino que se viene gestando desde hace décadas. Pero en octubre de 2023, la situación escaló de manera descontrolada, de manera que los habitantes iniciaron una serie de llamados a las autoridades que preocupantemente fueron ignorados.
El origen del conflicto
“El problema tiene 90 años. Por un decreto presidencial en el cual (…) el proyectista incluye a nuestro pueblo, o sea, la cabecera municipal y lo vuelven ejido, cuando realmente en 1836 ya se había elevado a la categoría de villa, ya teníamos código postal”, nos explicó nuestra fuente para tratar de darnos un poco de contexto.
Luego de que estas tierras fueron declaradas ejidales, se repartieron, pero sin entregar a los ejidatarios un certificado de derecho agrario que les dé la propiedad. “Habían 835 capacitados -personas a quienes se les repartieron las tierras-, pero ya todos se murieron por viejitos”, nos dijo la persona.
Quienes se están peleando por esos terrenos son la cuarta o quinta generación después del decreto que se hizo en 1934, durante el proceso de la Reforma Agraria que se aprobó durante la presidencia de Lázaro Cárdenas.
“Ninguno es ejidatario, pero sí poseen las tierras (o sea, las usan). Un dato muy concreto: de los 836 capacitados hay 2,200 hectáreas para ellos y hay otras 2,900 hectáreas que la resolución presidencial dijo que quedan en manos de los que lo vienen poseyendo. Es la gente que está ahí, en el caserío”, detalló nuestra fuente.
En 2013, la ministra y ex secretaria de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, presentó un proyecto para devolver las 130 hectáreas que componen la cabecera municipal al ejido, es decir, las personas descendientes de esos originarios 835 capacitados a quienes se les otorgaron inicialmente más de 5,000 hectáreas.
El proyecto de decreto pedía que “el Ayuntamiento Constitucional de Tila, en el Estado de Chiapas, –antes Consejo de Gobierno del Municipio de Tila, Chiapas– debe dejar sin efectos los títulos de propiedad y todo aquel acto jurídico de autoridad, que con fundamento en el Decreto impugnado hubiese expedido respecto de los predios que se ubican dentro de la superficie que en el mismo quedó demarcada como fundo legal”.
Y que “el Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio deberá cancelar las inscripciones, que en su caso hubiere realizado de los títulos de propiedad expedidos por el Consejo de Gobierno del Municipio de Tila, en los términos antes precisados”.
Apelando además al origen indígena de los miembros del ejido, lo que pretendía el proyecto era que se revocaran las escrituras y títulos de propiedad otorgados a las personas que habitaban esa zona urbanizada alrededor del Ayuntamiento de Tila (el caserío) y se restituyera la propiedad de las 130 hectáreas que fueron declaradas como parte del fundo legal al ejido poco después de su designación en 1934.
Pero haciendo esto, como lo explicó en ese mismo 2013 la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, serían más las personas afectadas que las beneficiadas porque al restituir la propiedad de esas tierras al ejido -donde hace décadas familias habían construido sus casas, sus negocios, escuelas- no se hablaban entre sí la propiedad y la posesión: serían unos los dueños y los habitantes otros, lo que dejaría en la incertidumbre jurídica a 10,000 personas.
El proyecto de Sánchez Cortero se descartó y en 2015 los indígenas quejosos incendiaron la presidencia municipal donde estaba a la cabeza Fabiola Vázquez y destruyeron la estación de policía. El caos se empezó a engendrar.
Los autónomos y la violencia
Hay una parte importantísima que debe ser aclarada: nuestra fuente nos explicó que no existe la formación delincuencial llamada “los Karma” que medios de comunicación estuvieron posicionando como un grupo dedicado al narcotráfico señalado como los generadores de violencia en la semana del 7 al 8 de junio de 2023.
La violencia en Tila no tiene nada que ver con una pelea por la plaza entre narcotraficantes, pero sí existe el crimen organizado: los Autónomos, como se hacen llamar alrededor de 1,000 indígenas que insisten en que se les regresen las 130 hectáreas en Tila.
La persona entrevistada detalló que los Karma son un invento de los mismos autónomos. “Han hecho tres o cuatro autoatentados con los líderes. Empezaron siendo un grupo autónomo con muy pocas cosas para pelear, luego a asaltar, secuestrar, a matar gente, llevan más de 26 muertos en estos 10 años, gente descuartizada, quemada, mutilada”, destacó.
Por otro lado, los Autónomos, también llamados Fuerzas Armas de Tila (FAT), luego de los ataques que se dieron del 3 al 7 de junio, compartieron un documento dirigido a todos los niveles de gobierno para explicar que los atentados contra la población y sus propiedades fueron consecuencias de un presunto enfrentamiento entre ellos y el grupo Karma.
También niegan el cobro de piso que, según pobladores, podía llegar hasta los $70,000 pesos mensuales por negocio. Dicen que solo cobran a los negocios durante las fiestas.
La fuente nos explicó también que el brazo armado de los Autónomos es un grupo adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Consejo Nacional Indígena, que presuntamente tienen como respaldo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1988 por la Compañía de Jesús y otros grupos eclesiásticos.
La parte de la intervención del clero es otro aspecto importante porque la marcha de 2015 que culminó en la quema de la presidencia municipal de Tila, fue supuestamente organizada por el sacerdote local Heriberto Cruz Vera, a quien pobladores señalan como parte de la cadena de corrupción del alcalde Limber Gregorio Gutiérrez Gómez.
En 2020, Cruz Vera fue retirado de la parroquia de Tila porque la ciudadanía lo acusó de crear conflictos entre la población, relacionado justamente con su apoyo total a los Autónomos, sin embargo volvió y ha sido parte de las negociaciones entre el gobierno, el Ejército y los Autónomos sobre la situación en el pueblo, según nos informan personas refugiadas de Tila.
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Igual que la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Cruz Vera promulga la teología de liberación que construye el concepto de la iglesia de los pobres y desprotegidos desde las escuelas de los jesuitas, dominicos y franciscanos, y que arropa también al EZLN casi sin reservas, nos dijo la persona entrevistada.
Los ataques
Nuestra fuente señaló que la historia de un grupo delictivo rival los Karma surgió a raíz de que los Autónomos– quienes por cierto no viven en la cabecera municipal de Tila, sino en los anexos, que son zonas cercanas con sus propias plazas y calles– se dieron cuenta del efecto de terror que causa en la población la idea de un enfrentamiento entre grupos rivales, así que empezaron a realizar “autoatentados”.
Han usado esta estrategia también para desviar la atención y disimular sus responsabilidades en el caos en el que se ha convertido Tila. Sin embargo, desde octubre de 2023, habitantes de Tila iniciaron un llamado a las autoridades para que detuvieran una situación de violencia que ya se estaba saliendo de control y que hoy ya es una situación desesperada.
El 17 de octubre de 2023, los habitantes ya habían pedido el apoyo a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) debido a una serie de ejecuciones y episodios de violencia que sucedieron los días 13 y 14 de octubre de 2023 en los que murieron cuatro jóvenes.
El 24 de octubre de 2023 le hicieron llegar una solicitud de auxilio al mismo López Obrador que fue contestada el 30 de octubre del mismo año y firmada por Gabriela Romero Martínez, directora general de Atención Ciudadana.
El 25 de octubre de 2023, el Comité para la Regularización del Fundo Legal del Pueblo de Tila, Chiapas A.C. también envió una solicitud al presidente de México para que las fuerzas del orden se hicieran presentes en Tila.
El 16 de noviembre de 2023, en un oficio los pobladores pidieron directamente al titular del Cuartel General de la VII Región Militar, el General José Joaquín Jiménez Cueto, la permanencia definitiva de las fuerzas de seguridad dentro y fuera de Tila, exponiendo la gravedad de la situación para la ciudadanía desde más de un mes antes.
Y como esos esfuerzos han habido otros que no surgieron efecto. Hasta el martes 11 de junio, se habían reportado 17 casas quemadas, cinco personas asesinadas, 21 vehículos incendiados y alrededor de 5,000 personas desplazadas que se están refugiando en municipios cercanos como Yajalón, Limar, Tumbalá y Petalcingo.
Además, corrieron entre la ciudadanía circulares para “invitar” a los jóvenes mayores de 18 años a participar en las actividades que el ejido de Tila requería, “de no ser partícipes se tomarán las medidas correspondientes”, advierte el documento que responde, según pobladores de Tila, a una amenaza de reclutamiento forzado de los Autónomos.
El lunes 10 de junio de 2024 las autoridades de Protección Civil informaron a las personas refugiadas que se había llegado a acuerdos entre gobierno y los Autónomos para restablecer la paz y que iniciaría el traslado de la ciudadanía de vuelta a sus casas custodiada por elementos del Ejército.
Pero la población se niega a regresar a un lugar donde es tierra de nadie, no hay ley, no hay servicios básicos ni atención médica porque hasta la clínica local ha sido objeto de ataques por parte de los sicarios por lo que se detuvieron sus operaciones, nos dijo nuestra fuente quien resaltó su indignación porque las autoridades y el gobierno se sienten a negociar con quienes considera los agresores.
Las personas de Tila solo piden una cosa: que se devuelva el Estado de derecho en su tierra y se garanticen las condiciones de paz, de gobernabilidad y de vida digna. No es mucho pedir.
