By Proceso
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Ingemar, empresa vinculada a una red de huachicol, logró frenar la revocación de su permiso para importar combustible mediante un amparo; el juez al que se atribuyó la resolución afirma que no conoció ningún asunto de la empresa ni del exgobernador, Ernesto Ruffo Appel.
El lunes durante la conferencia matutina de la presidenta, Sheinbaum fue cuestionada sobre el amparo conseguido por Ingemar para continuar importando combustible pese a que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador le fue revocado el permiso.
“Se le quitó el permiso y fue un amparo el mecanismo a través del cual se lo regresaron. La reforma energética del 2013 abrió, por primera vez, la posibilidad de importar derivados del petróleo a los privados. Previo a ello, solo Pemex podía importar y durante el periodo de (Enrique) Peña Nieto se hicieron muchísimos permisos”, recordó la mandataria.
“Con el presidente López Obrador disminuyeron muchísimo los permisos de importación para asegurar que, en efecto eran empresas que estaban importando y no haciendo otro tipo de negocios o negocios ilegales. En este caso se le quitó el permiso (a Ingemar) y, de todas maneras, se tuvo que restablecer por el Poder Judicial”.
La resolución fue atribuida al ex juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro, quien entre el 16 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2024 conoció de diversos amparos contra la reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada en el año 2021 por López Obrador que permitió al Estado suspender o revocar permisos a empresas privadas por riesgos a la seguridad nacional o incumplimientos a la ley y le permitía ocupar temporalmente instalaciones para ser entregadas a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ingemar, empresa vinculada a una red de huachicol, fue constituida el 9 de agosto del año 2018 por José Merino Valdez Cuervo, Dragados y Puertos, S. de R. L. de C. V. y Servicios Portuarios, S. A. de C. V.; empresas propiedad de Ricardo Thompson y Ricardo Thompson Navarro.
El 12 de octubre de 2018, la empresa incluyó en su objeto la prestación de servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; la compra, venta, importación y exportación de dichos productos, entre otras funciones que le permitieron ingresar en el mercado energético la víspera del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el fundador de Morena, Ingemar, que estaba por cumplir tres años de operación, pudo ser una de las empresas afectadas por las revocaciones de permisos para importar combustible.
Aunque la suspensión para evitar esta revocación fue atribuida al exjuez Juan Pablo Gómez Fierro, Proceso consultó a dicho exfuncionario quien afirmó que no llevó asuntos de Ingemar ni de Ruffo Appel, principal accionista de la empresa.
“Revisé los precedentes de la época en la que fui juez especializado (16 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2024). No tengo registros de haber conocido de ningún amparo promovido por Ingemar ni por Ernesto Ruffo Appel”, explicó.
PESE A REVOCACIÓN, INGEMAR FUE BENEFICIADA POR EL GOBIERNO FEDERAL
Aunque la presidenta Sheinbaum afirmó que la administración de su antecesor revocó el permiso de Ingemar para importar combustible y que la empresa lo recuperó gracias a un amparo, en diciembre del año 2023 el gobierno de López Obrador le concedió un “megapermiso” para importar 500 millones de litros de gasolinas Magna, Premium y Diesel.
En aquel momento, los permisos vigentes para dichos combustibles eran de entre 60 millones de litros y 100 millones, sin embargo, la Secretaría de Energía, entonces encabezada por Miguel Ángel Maciel Torres, otorgó cuatro permisos a Ingemar para la importación de 500 millones de litros de gasolinas, pese a que empresarios del sector advirtieron que ni siquiera tenía la infraestructura para transportar los combustibles.
Los cuatro permisos, otorgados en diciembre de 2023, vencían en diciembre del año 2024, antes de que el gobierno federal detectara las irregularidades en los reportes aduanales de Ingemar con los que en el año 2025 habría evadido impuestos ocasionando un daño al fisco de más de 4 mil millones de pesos.
