By Proceso
El Congreso de San Luis Potosí derogó la llamada “Ley Serrano”, una reforma al Código Penal estatal que establecía penas de hasta seis años de prisión por el uso indebido de inteligencia artificial para generar alarma social.
La derogación fue aprobada durante una sesión extraordinaria que duró apenas unos minutos, con el voto a favor de los 22 diputados presentes de un total de 27 integrantes del Congreso local, incluido el diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y promovente inicial de la reforma.
El dictamen agrupó cuatro iniciativas presentadas por activistas, periodistas, ciudadanos, una legisladora local y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien previamente había impulsado la discusión sobre una regulación estatal en materia de inteligencia artificial.
La reforma había sido aprobada en noviembre pasado y posteriormente generó críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y derechos digitales, quienes advirtieron posibles riesgos para el ejercicio periodístico y la libre expresión.
La aplicación de los cambios legales derivó en mayo de este año en la detención de dos personas —una comunicadora y una funcionaria pública— acusadas de difundir imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparecían la senadora Ruth González Silva y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Nueva legislación mediante Parlamento Abierto
Con la derogación, el Congreso eliminó los artículos 187 TER, 272 BIS y 272 TER del Código Penal de San Luis Potosí.
El dictamen establece que el Poder Legislativo iniciará un nuevo proceso para construir una legislación en materia de inteligencia artificial mediante un esquema de Parlamento Abierto, en el que participarán instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos.
Sin embargo, la propuesta de una nueva regulación ocurre en medio de cuestionamientos a planteamientos previos del gobernador Gallardo Cardona sobre establecer mecanismos de registro para medios de comunicación.
Durante una gira por Ciudad Valles en julio pasado, el mandatario planteó la posibilidad de crear un padrón de medios reconocidos oficialmente y establecer medidas contra aquellos que no cumplieran con determinados requisitos.
“Tiene que haber un registro de los medios; quién firma, quién los tiene”, declaró en esa ocasión, al argumentar la necesidad de regular páginas falsas y contenidos generados mediante inteligencia artificial.
Organizaciones piden reparación para personas afectadas
La organización Artículo 19 reconoció la derogación de la reforma y destacó la participación de organizaciones civiles y periodistas que impulsaron su revisión.
El organismo señaló que, hacia adelante, será necesario que los legisladores cuenten con conocimientos en materia de derechos digitales antes de aprobar normas que involucren nuevas tecnologías y derechos fundamentales.
Por su parte, el colectivo Voces Libres, integrado por periodistas de San Luis Potosí, afirmó que el debate no se limitó al uso de inteligencia artificial, sino a los límites del poder del Estado frente a la libertad de expresión.
La agrupación consideró que la derogación de la reforma no concluye el proceso y planteó que las personas que fueron detenidas, investigadas o señaladas bajo esa legislación deben recibir una disculpa pública, reparación del daño y garantías de no repetición.
