By Proceso
Ante la designación, por parte de las autoridades de Tierras de Texas, de nueve islas ubicadas a lo largo del Río Bravo como parte del territorio estatal, la Cancillería mexicana sostuvo que la frontera entre México y Estados Unidos “no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal”.
En un comunicado emitido después que la Oficina General de Territorio de Texas declaró que nueve pequeñas islas en medio del río fronterizo pertenecen a Texas –por una superficie total de 26.7 hectáreas–, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el límite de la frontera está definido por un tratado bilateral, firmado en 1970, el cual determinó que la línea que separa ambos países corre por el centro del río.
La dependencia también subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada para aplicar el tratado de 1970, lo que la convierte en la única autoridad que puede determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla, e insistió en que “ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río”.
Más allá del diferendo territorial, la disputa tiene un trasfondo político, después que la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, autorizara a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el ingreso a las islas –ahora “estatales”– para impedir el paso a migrantes que intenten cruzar a Estados Unidos por esa ruta.
“México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reitera su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos”, planteó la Cancillería.
