By Proceso
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, aseveró que su equipo inició la revisión de los contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y determinó que dos grupos empresariales recibieron contratos por hasta 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026.
La ASF inició su investigación a las revelaciones sobre los presuntos casos de corrupción y de conflicto de interés entre la entonces presidenta del INE y el contratista José Alfredo Hernández Casillas, lo que obligó a Guadalupe Taddei Zavala y a al menos 15 integrantes de su grupo a renunciar al INE.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, a la que presentó la segunda entrega de informes sobre la Cuenta Pública 2025, el funcionario indicó que la investigación de oficio de la ASF abarca al INE y a los OPLEs, pero también a “empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”.
En eco a la información que proporcionó hoy Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE ante la misma Comisión de Vigilancia, Hernández aseveró que sus auditores encontraron operaciones de subcontratación entre sociedades de los mismos grupos empresariales con tal de ganar licitaciones.
En una conferencia posterior a su comparecencia, Hernández aseguró que su equipo está llevando un trabajo “muy exhaustivo”, utilizando la información que ha publicado la prensa con un “esquema de inteligencia bastante profundo para ver todos los nexos que puedan tener cada uno de los servidores públicos que intervienen en el uso y designación de los recursos públicos”.
