By Proceso
En una escena nunca vista en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante la sesión del 9 de julio último, la ministra Lenia Batres Guadarrama se levantó de su lugar mientras el ministro Giovanni Figueroa Mejía intervenía en el máximo tribunal de justicia del país. Batres ignoró la argumentación del ministro y se acercó a su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien, en lugar de poner orden, se puso a conversar con la ministra.
Figueroa tuvo que detener su exposición para llamar la atención de los participantes en el diálogo mientras algunos ministros se sorprendieron por el desaire a su homólogo, en tanto que otros hacían muecas de franca molestia. La escena se completó cuando la autodenominada “ministra del pueblo” regresó a su lugar y al momento de intervenir no sabía qué tema se estaba discutiendo y se puso a leer apuntes de otro caso.
El hecho ocurrió a un mes de que Batres y Figueroa protagonizaron un desencuentro en el que la ministra acusó a su compañero de tener “algún tema particular” con ella, porque le pidió que el engrose de uno de sus proyectos quede claro con las modificaciones acordadas en el Pleno.
“Yo agradezco que se aclaren las veces que sean necesarias, ministra, para que en el engrose no tengamos resistencias”, dijo entonces el ministro.
Figueroa indicó que su insistencia deriva de que en otras ocasiones Batres ha dejado los engroses finales sin cambios.
“Parece que el ministro Giovanni tiene el día de hoy algún tema particular con su servidora”, comentó Batres.
“No, con su proyecto”, respondió rápidamente Giovanni Figueroa sin que el ministro presidente pudiera intervenir para calmar el disenso.
Más que anécdotas, los hechos han sido expresiones del estilo y gestión de la ministra Batres y de su influencia en Aguilar, a quien debe suceder en septiembre de 2027, según la reforma judicial del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero la llegada de Batres a la Presidencia del tribunal constitucional de México es objeto de controversia dentro y fuera de la Suprema Corte debido a que la reforma que impuso el “voto popular” para la elección de los ministros se contradice con la Constitución política.
La reforma judicial estableció en el artículo 94 constitucional que la Presidencia de la Corte durará dos años y que se renovará conforme al número de votos obtenidos en las urnas. Aguilar fue el primer presidente de la nueva Corte por haber obtenido el mayor número de sufragios en la elección del 1 de junio de 2025: seis millones 195 mil 612 de un padrón electoral de 103 millones 75 mil de electores.
Según esa disposición, Lenia Batres Guadarrama –abiertamente afín a Morena– debe ser la presidenta de la Corte para el periodo 2027-2029, al haber obtenido el segundo lugar en la elección conocida como la del “acordeón”.
Sin embargo, al aprobar la reforma constitucional Morena y sus aliados dejaron intocado el artículo 97 de la Carta Magna, según el cual la Presidencia de la Corte durará cuatro años y que el ministro presidente será electo por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. Es decir, ese artículo sigue vigente más allá de la reforma de López Obrador.
Fragmento del texto publicado en la edición 38 de la revista Proceso correspondiente a agosto, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
