By Proceso
Durante 16 años Jorge Antonio López Vizcaya trabajó como meritorio con un juez Familiar de la Ciudad de México. Esta figura no está regulada y ni siquiera está permitida dentro del Poder Judicial capitalino y a pesar de ello mantiene vigente un litigio en contra de la institución porque fue despedido sin justificación alguna.
López Vizcaya sabía que no podía demandar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) porque nunca fue contratado por la institución, por ello en noviembre de 2023 demandó al juez Rogelio Hernández Pérez, titular del Juzgado Décimo Quinto de lo Familiar de la capital, quien en el año 2007 lo invitó directamente a colaborar con él sin contrato y sin prestaciones.
Sin embargo, desde el propio Poder Judicial de la CDMX, el juez fue blindado por el Sexto Tribunal Laboral de Asuntos Individuales de la capital, encabezado por Luis Pérez Medel, que decidió ignorar que Hernández Pérez era quien le pagaba de su bolsillo a López Vizcaya y consideró que el demandado en el asunto debía ser el TSCJDMX y quien debía resolver era el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).
“Las relaciones de trabajo entre el personal y el Tribunal Superior de Justicia se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por las carreras judicial y administrativa y las condiciones generales de trabajo.
“Razón por la cual esta autoridad se encuentra imposibilitada para conocer del presente asunto, toda vez que este Sexto Tribunal de Asuntos Individuales, forma parte del Poder Judicial de la Ciudad de México y al intervenir en el presente asunto se constituiría como juez y parte en el mismo, es por ello que el órgano competente para conocer del presente asunto lo es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, autoridad que conoce las relaciones de trabajo entre el personal y el Tribunal Superior de Justicia”, indicó en su acuerdo la Secretaria Instructora “B” del Sexto Tribunal Laboral, Maura Lizeth Aguilar Quezada en abril de 2024.
En entrevista con Proceso, López Vizcaya explicó que él conoció al juez Hernández Pérez en el año 2007, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Cuando el juez lo invitó a colaborar para aprender directamente del funcionamiento de los juzgados, López Vizcaya aceptó porque le fue prometida una plaza en el TSJCDMX, misma que nunca obtuvo, y en 16 años no tuvo más seguridad que la de recibir un ingreso mensual que fue incrementando anualmente hasta llegar a un monto máximo de 10 mil pesos.
“Desgraciadamente jamás me dio un contrato, siempre le peleé eso, bueno, le sugería que me lo diera, pero nunca pasó”, comentó.
El demandante no terminó su carrera de Derecho, pero se convirtió en la mano derecha del juez Hernández Pérez a quien, afirma, llegó a considerar como su padre.
La figura por la que colaboraba con el juez es conocida en el Poder Judicial local como “meritorio”, que no cuenta con ninguna regulación formal, pues regularmente se trata de estudiantes de Derecho que quieren aprender y, eventualmente, buscan entrar al Poder Judicial local a través de alguna de las plazas que tienen disponibles los titulares de los juzgados o salas o el sindicato.
Estas personas pueden permanecer en este esquema durante años antes de obtener una plaza, en los que tienen contacto directo con los expedientes, los litigantes y usuarios, elaboran oficios, cédulas, exhortos y por lo general el juez, magistrado o el personal del juzgado les paga con propinas.
Aunque no es una figura regulada, el personal del Tribunal no cuenta con ningún permiso expreso en la ley para contar con el apoyo de los meritorios y, por lo tanto, para que estas personas intervengan en los expedientes.
Al no pertenecer a la institución, no pueden ser sancionados por la pérdida de cualquier documento o las consecuencias de una mala gestión y regularmente los juzgadores buscan evadir sus propias responsabilidades alegando que en sus áreas no hay meritorios.
“Aunque yo no quería problemas con el personal del juzgado, él me decía que les transmitiera sus órdenes y ellos pues me veían así, como el responsable del manejo del personal; también me pedía estudiar algunos expedientes y hacerle resúmenes o proyectos de acuerdos de fondo, de trámite, leérselos, hacer correcciones que él me indicaba, elaborar sus informes, sus contestaciones de quejas, de archivo, apelación, en las audiencias hacía la captura de las mismas”, recordó López Vizcaya.
“En el covid, el presidente del Tribunal, Rafael Guerra, ordenó que cada juzgado debía enviar una persona a ayudar a los litigantes y personas en general en el edificio Clementina Gil, el de Familiares, y como nadie de los trabajadores quiso ir, tuve que ir yo a apoyar en esas cuestiones, entonces además de ser su asistente pues sí hacía gestiones propias del juzgado”.
Sin embargo, en el año 2023 el juez decidió prescindir de sus servicios aparentemente sin justificación alguna.
Jorge López afirma que antes de ser despedido una trabajadora del juzgado se molestó porque él no quiso ayudarle a hacer su trabajo y esto provocó un conflicto que llevó a su despido.
“Le pedí una carta de recomendación y me dijo que me la daría pero que no sería favorable, porque él es así, es caprichoso, yo no tenía conflictos con él, obviamente entiendo que la presión fue lo que detonó esa actitud de él conmigo”, dijo.
En su demanda López Vizcaya exige una indemnización por tres meses del último salario que recibía, que era de 10 mil pesos mensuales; el pago de salarios caídos hasta por 12 meses y los intereses; la prima de antigüedad por 16 años de trabajo; la prima vacacional correspondiente; el pago de las cuotas obrero patronales de 2007 a 2023, entre otras prestaciones.
Luego de que la Secretaria Instructora “B” del Sexto Tribunal Laboral, Maura Lizeth Aguilar Quezada envió su demanda al TFCA, el asunto fue recibido en junio de 2024 por la Primera Sala que entonces era presidida por el magistrado Rufino H. Léon Tovar, hoy presidente de la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
León Tovar requirió a López Vizcaya para que ajustara su demanda y señalara domicilio del TSJCDMX, pero el actor indicó que su demanda estaba dirigida a Rogelio Hernández Pérez, no al Tribunal.
Pese a ello, Rufino H. León Tovar admitió a trámite el asunto y tuvo como demandado al Tribunal Superior de Justicia, no al juez Hernández Pérez.
“Se admite la demanda y se le tiene demandando al titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las prestaciones contenidas en la demanda; y por ofrecidas las pruebas que en el escrito que se provee se indican”, indicó la Primera Sala en acuerdo del 3 de septiembre de 2024.
“Se hace del conocimiento de la parte actora que en términos de lo que establece el artículo 2º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las relaciones laborales se entienden establecidas entre los titulares de las dependencias y los trabajadores a su servicio, de tal manera que no es factible tener como demandado a la persona física que refiere (el juez Rogelio Hernández Pérez)”.
El Tribunal ya respondió la demanda y, como era de esperar, rechazó tener relación laboral con Jorge López Vizcaya.
Desde el año pasado el caso fue enviado a los proyectistas para realizar la propuesta de sentencia correspondiente, sin embargo, hasta ahora la Primera Sala del TFCA no ha emitido ningún fallo alegando la creciente carga de trabajo que tiene.
Proceso consultó al TSJCDMX, pero al momento de la publicación del presente texto la institución no emitió respuesta alguna.
