By La Silla Rota
Daniela* recuerda el cielo oscuro sobre un bosque donde nunca vio salir el sol. Recuerda el crujir de un vagón de tren inundado, el frío que la obligaba a acurrucarse junto a otros cuerpos, el agua negra que le cubría los pies.
Recuerda la lluvia, el hambre, la sed y la enfermedad. Recuerda las ganas de sacar la cabeza por encima del vagón para respirar aire limpio y recuerda no poder hacerlo por el miedo y el cansancio.
De aquel lugar sin sol, nunca supo el nombre. Pero tiempo después supo, por otros migrantes, que lo llamaban El Pueblo Fantasma, un tramo de la ruta del tren hacia la frontera norte de México.
Hoy, desde el pequeño cuarto que comparte en Ciudad Juárez con Mandy*, su pareja, repasa los últimos cinco años con una sonrisa que apenas logra sobreponer al dolor.
A pesar de que todo lo recuerda, admite, a veces preferiría olvidar lo que pasó en esta frontera, que terminó convirtiéndose en el escenario más doloroso de su historia.
Mandy y Daniela sobrevivieron a un secuestro que se prolongó durante casi tres meses. Cuando sus familias ya no pudieron seguir pagando las extorsiones, fueron obligadas a pedir dinero en las calles y a trabajar para pagar los montos que sus captores exigían para mantenerlas con vida.
Durante su cautiverio comprobaron la complicidad de personas dentro de empresas formales y la indiferencia de las autoridades. Y cuando fueron libres, sufrieron robos, violencia sexual y amenazas constantes.
Con todo, aseguran que también conocieron otra cara de Ciudad Juárez en las personas que las ayudaron a recuperar la libertad y a reconstruir, poco a poco, su vida. Hoy siguen en esta ciudad, que no era su destino, pero en la que encontraron la posibilidad de empezar de nuevo.
Su historia expone la violencia que enfrentan quienes deciden salir de sus países de origen o son desplazados, pero también la fuerza de un vínculo que ha sobrevivido a todo.
Un camino juntas
Mandy tiene casi 30 años y Daniela 45. Se conocen desde hace varios años; eran vecinas en su barrio de Santa Lucía, Guatemala, y el hijo mayor de Daniela era amigo de uno de los hermanos de Mandy. Lo suyo era una amistad y amor improbable que terminó convirtiéndose en travesía y destino.
Daniela siempre supo cuál era su orientación sexual. Su familia también. Aun así, la obligaron a vivir con un hombre, con quien tuvo dos hijos producto de violencia sexual. Y años después inició una relación con otro hombre, un acontecimiento que marcó el inicio de un nuevo ciclo de violencia.
Daniela asegura que él se dedicaba a extorsionar personas y que más tarde fue detenido por un homicidio. Antes de ser encarcelado, la amenazó: si lo dejaba, le haría daño a sus hijos. Fue entonces cuando decidió no ocultarse más, poner fin a esa relación y comenzar una vida junto a Mandy.
“Con ella yo fui libre, pero cuando decidí definitivamente ya no ir más (a visitar a su ex pareja), darle a conocer al mundo quién era yo, fue cuando se nos vino el mundo encima”, relata.
Días después, mientras ambas estaban sentadas frente al puesto de chuchitos —un plato tradicional guatemalteco similar a los tamales mexicanos— de la madre de Mandy, tres hombres se acercaron. Habían sido enviados por la ex pareja de Daniela.
Las golpearon brutalmente. A Daniela le fracturaron un brazo y una costilla, y Mandy tuvo lesiones en una pierna. Antes de irse les dejaron un mensaje: tenían que separarse, y si no lo hacían, ellos las iban a separar.
Las golpearon con las cachas de las pistolas y, cuando ambas estaban tiradas sobre el suelo, dispararon una bala entre las dos. Dos días después ambas decidieron irse de Guatemala. Era mediados de 2021.
Estados Unidos nunca fue el destino, dice Mandy. Sólo querían escapar: “no buscábamos Tijuana, no buscábamos Reynosa, no buscábamos ningún lado; nosotras sólo queríamos irnos”.
Su primera parada fue Tapachula, Chiapas, donde estuvieron cerca de dos meses mientras iniciaban trámites migratorios y comenzaban a construir una nueva vida. Pero sus agresores las encontraron. Incluso les enviaron fotografías y videos de ellas mismas para probar que seguían vigilándolas.
Decidieron huir otra vez, ahora rumbo a Ciudad de México, caminando y consiguiendo aventones, viajando casi a ciegas por los caminos que veían más amplios. Apenas llegaron, fueron detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
En esa estación migratoria, recuerdan, conocieron otras formas de violencia. Presenciaron actos de discriminación, acoso, robos y agresiones sexuales contra personas migrantes, incluso contra menores de edad.
Tras insistir durante días en hablar con personal de ACNUR, obtuvieron su libertad, aunque tuvieron que dejar ahí sus pertenencias. Les dijeron que, si querían recuperar su dinero y documentos, debían permanecer detenidas, y prefirieron irse.
Desde Oaxaca retomaron el camino junto a un hombre guatemalteco y cuatro venezolanos hasta Lechería, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, donde subieron a un tren de carga.
Un guardia les descubrió, pero, en lugar de bajarlas, les permitió permanecer en el vagón, advirtiéndoles que si alguien intentaba subir, tendrían que defenderse con piedras. Así comenzó el viaje hacia el Pueblo Fantasma.
Lo que debía durar apenas dos días terminó convirtiéndose en una travesía de una semana sobre un vagón inundado por el agua de lluvia, donde flotaban basura, lodo y excremento.
Por las noches escuchaban los gritos que llegaban desde los vagones vecinos: órdenes, disparos, súplicas. Se quedaban inmóviles, abrazadas, esperando que el siguiente vagón no fuera el suyo.
Cuando finalmente llegaron a Torreón comprendieron lo que había ocurrido. Ambulancias y agentes migratorios atendían a decenas de personas.
“A nosotros, gracias a Dios, no nos pasó nada. Pero en los otros vagones pasó de todo. Les robaron, violaron y mataron”.
Siete días después llegaron a Ciudad Juárez. Recuerdan el puente del Kilómetro 20, la glorieta y la estación del tren donde algunos guardias les ofrecieron pollo, galletas, sodas, un lugar para cambiarse de ropa y un teléfono para llamar a sus familias.
El grupo de venezolanos con el que habían viajado siguió su camino. Ellas se quedaron.
Aún no lo sabían, pero la frontera, a la que nunca pensaron llegar cuando huyeron de Guatemala, estaba a punto de convertirse en el lugar donde vivirían el episodio más largo y doloroso de sus vidas.
La falsa promesa
Cuando Daniela quiere recordar los años que han pasado, recuerda la edad de uno de sus nietos, que acababa de nacer cuando ella se fue. Llegaron a Ciudad Juárez un domingo, dice. Eran los primeros días de octubre de 2021 y habían dejado atrás el frío y la humedad del trayecto.
Tomaron un camión que las dejó en el Centro Histórico, a unos metros del puente internacional Paso del Norte. En el Centro vieron familias paseando y pachucos bailando sobre la avenida 16 de Septiembre.
Después de semanas de camino, la ciudad les pareció tranquila, incluso bonita. Por primera vez sintieron que el viaje estaba por terminar.
Mandy todavía pensaba en cruzar a Estados Unidos, pero Daniela ya no podía caminar. Ambas tenían las plantas de los pies en carne viva y Daniela apenas podía estar de pie.
Caminaron hasta el parque del Monumento a Benito Juárez donde una mujer se acercó al verlas llorando, con las maletas a un lado y a Daniela temblando de dolor.
La mujer les ofreció comida, un lugar para bañarse y pasar la noche; les prometió que después podrían continuar su camino. Aunque desconfiaban de cualquier desconocido, terminaron aceptando.
Hoy, cuando cuenta este momento, Mandy desvía la mirada hacia una de las paredes del cuarto donde vive, su cara iluminada por el sol que entra por la puerta que dejan abierta para tratar de menguar el calor.
Nunca confió en aquella mujer, pero sintió que no tenían otra opción. Es una de las decisiones de las que más se arrepiente.
El camión avanzó casi una hora, alejándose del puente internacional. Mientras más avanzaban, más claro era que iban en dirección contraria a la frontera, rumbo al suroriente de Ciudad Juárez.
Llegaron a Riberas del Bravo, una zona residencial de nueve etapas en uno de los sectores de mayor incidencia delictiva en todo el municipio.
La vivienda era una pequeña casa de interés social, igual a miles de las que se levantan en esa zona del suroriente de Ciudad Juárez. Al principio, no parecía haber nada extraño. Había niños jugando, parecía la casa de una familia.
La mujer les dijo que esperarían a su esposo para cenar y les ofreció una colchoneta en un cuarto para que descansaran. Minutos después, Mandy necesitó ir al baño.
Intentó abrir la puerta del cuarto y no pudo. Volvió a intentarlo, golpeó, llamó a la mujer. Nadie respondió. Fue entonces cuando entendieron que estaban encerradas.
Pasó casi una hora cuando llegó el esposo, un hombre alto, grande, de piel clara. Entró con un arma larga en las manos. No habría cena, ni descanso, ni volverían a salir. Las insultó, las golpeó y les dijo que ahora les pertenecían a ellos.
Un delito cada vez más frecuente
Durante los últimos cuatro años, la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) ha presenciado una transformación en el secuestro y la privación ilegal de la libertad de personas en contexto de movilidad en el norte del país.
Los delitos contra las personas en contexto de movilidad se modificaron y ampliaron los incentivos para las organizaciones criminales debido al cambio en las políticas migratorias y el reforzamiento de la frontera, de acuerdo con Blanca Navarrete, directora de DHIA.
A partir de los testimonios públicos de sobrevivientes durante audiencias judiciales, DHIA identificó una evolución en la forma de operar de estos grupos, en lugar de las privaciones de la libertad de apenas unos días, empezaron a registrarse retenciones por periodos cada vez más largos.
Además, los primeros casos no referían actos de violencia física, mientras que con el paso del tiempo aparecieron testimonios de tortura, violencia sexual y otras agresiones.
“Entendemos que muchos de los casos no avanzan porque la persona tal vez contactó a algún traficante con el fin de ingresar a Estados Unidos de manera irregular, y ante la imposibilidad del ingreso por las políticas migratorias tan restrictivas ahora de los Estados Unidos, pues el crimen organizado no va a perder el cobro una vez que la persona cruza, y lo que hace entonces es empezar a extorsionar a la familia”, explica.
Esta dinámica también ha dificultado distinguir entre secuestro y tráfico de personas, pues, expone Navarrete, algunas autoridades sostienen que las víctimas permanecen voluntariamente en casas de seguridad mientras esperaban cruzar a Estados Unidos, una interpretación que podría invisibilizar el control ejercido por los grupos criminales.
Además, advierte que si bien los primeros casos afectaban principalmente a personas extranjeras, ahora las propias autoridades han informado sobre víctimas migrantes internas, es decir, mexicanos provenientes de otros estados.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, entre enero y junio de 2026 se registraron 84 víctimas de secuestro en la entidad, de las cuales 77 corresponden al municipio de Juárez, lo que representa más del 91 por ciento de los casos reportados en ese periodo.
Las cifras oficiales incluyen 73 víctimas de secuestro con fines de extorsión, nueve de secuestro exprés y dos de secuestro con calidad de rehén. Además de Juárez, la Fiscalía reportó cuatro víctimas en el municipio de Chihuahua, dos en Parral y una tanto en Cuauhtémoc como en Ocampo.
La mayoría de las víctimas fueron hombres (65), y principalmente en el rango de edad entre los 19 y los 29 años (30).
Respecto a su nacionalidad, 50 eran de origen mexicano, 12 provenían de Guatemala, cinco de Honduras, tres de El Salvador, dos de República Dominicana, dos de Ecuador, una de Venezuela y una de Nicaragua. En otros ocho casos no fue posible identificar el país de origen.
Además, la dimensión del problema ha comenzado a reflejarse en los procesos judiciales. El 16 de junio de 2026, la Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia de 845 años y 10 meses de prisión contra cuatro personas (dos hombres y dos mujeres de entre 22 y 24 años) por el secuestro de 13 personas migrantes cometido en 2024.
De acuerdo con la investigación, las víctimas, originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, permanecieron privadas de la libertad mientras eran golpeadas, algunas de ellas agredidas sexualmente, y sus familias eran extorsionadas con exigencias de hasta 29 mil dólares para obtener su liberación.
Ocho días después, el 24 de junio, la Fiscalía dio a conocer una segunda sentencia histórica de 600 años de prisión contra tres personas responsables del secuestro de otras 12 personas migrantes originarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y Panamá. Los hechos ocurrieron también en 2024, en una vivienda de la colonia Praderas del Sol, en Ciudad Juárez.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 080139726000460), la Fiscalía informó que entre enero y junio de 2026 inició 43 carpetas de investigación por secuestro en Chihuahua. De ellas, 19 contaban con vinculación a proceso, 13 permanecían en investigación, ocho se encontraban en proceso de judicialización, dos habían concluido con sentencia condenatoria y una más fue agrupada con otras investigaciones.
‘Teníamos que pagar para seguir vivas’
Durante el primer mes permanecieron encerradas. Los secuestradores tomaron el teléfono de Mandy, revisaron sus contactos y comenzaron a llamar a sus familiares en Guatemala para exigir dinero.
Calculan que lograron obtener alrededor de 40 mil quetzales, poco más de 90 mil pesos mexicanos, que su familia obtuvo vendiendo sus cosas, incluso a punto de vender su propia casa.
Los secuestradores obligaban a Mandy a hablar por teléfono para presionar a sus familiares. Ella se negaba, pero la respuesta eran golpes. Entonces enviaban fotografías como prueba de vida.
Cuando el dinero dejó de llegar, cambiaron la estrategia y las obligaron a trabajar. Una salía a pedir dinero en las calles, mientras la otra permanecía retenida dentro de la casa, y después intercambiaban lugares. Era una forma de asegurarse de que ninguna intentara escapar.
Con el paso de las semanas la gente comenzó a reconocerlas y dejó de darles dinero. Entonces decidieron explotarlas de otra manera: las llevaron a trabajar en una empresa de limpieza industrial y comercial, donde permanecían vigiladas, separadas y amenazadas.
Todo el salario era entregado a los secuestradores y, al terminar la jornada, debían volver a las calles para pedir dinero.
“Fue una cosa que no dan ni ganas de recordar. A mí me lastima y no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. A ella la golpeaban mucho… si no llegaba con la cantidad de dinero que querían, la golpeaban. Fue el infierno estar con esa gente”, recuerda Daniela.
Mientras, Mandy intentaba explicarles una y otra vez que su familia ya no tenía dinero: “Yo les decía: ‘Si yo vine para acá es porque tengo necesidad, no porque mi familia sea adinerada’”.
Aprovechando el trabajo en la empresa de limpieza, Mandy logró enviar un mensaje a escondidas a su madre pidiendo que dejara de enviar dinero, pues no dejarían de extorsionarla.
Las dos mujeres sostienen que personal de la empresa donde trabajaban mantenía comunicación con quienes las tenían secuestradas. Afirman que uno de los reclutadores informaba cuánto dinero habían ganado, a qué hora terminaban su jornada y cuándo salían de los edificios.
“Ellos avisaban: ‘Mira, sacaron esto, ganaron esto’. Siempre había alguien esperándonos abajo”.
Dentro de la casa recibían una sola comida al día, generalmente en mal estado, y dormían entre cucarachas, malos olores y basura.
“Decían que como ya no había familia que mandara dinero, entonces nosotros teníamos que pagar para seguir vivas”, cuenta Daniela.
En algún momento también les advirtieron que serían llevadas a bares del Centro para obligarlas a bailar con los clientes e incluso ser explotadas sexualmente, pero “gracias a Dios eso nunca pasó”, dice Mandy.
Una casa en Riberas del Bravo
Durante semanas, Mandy y Daniela pensaron que eran las únicas personas secuestradas, hasta que comenzaron a escuchar voces al otro lado de la pared. Reconocieron acentos venezolanos, colombianos y salvadoreños.
Con el tiempo descubrieron que no estaban retenidas en una sola vivienda, sino en un conjunto de casas comunicadas entre sí por un pasillo subterráneo.
Pasado el primer mes, finalmente las reunieron con otras víctimas: hombres y mujeres de distintos países, obligados a trabajar, golpeados y sometidos a las mismas amenazas.
Sin embargo, recuerda Daniela, apenas podían hablar entre ellas. Cualquier intento de conversación era reprimido rápidamente con golpes y amenazas. Aun así, las otras víctimas alcanzaban a darles un consejo: que obedecieran. Quienes se negaban, decían, simplemente desaparecían.
Entre los trabajos a las que eran obligadas, recuerdan que en ocasiones debían envolver con cinta canela costales que, por su contenido y el cuidado con que eran manipulados, creen que contenían droga.
Una noche, unas veinte personas se reunieron en la casa para beber alcohol y consumir cocaína y marihuana. A Daniela la obligaron a servir la comida y a Mandy las bebidas.
En algún momento, uno de los hombres insistió en que Mandy bebiera alcohol y consumiera cocaína con ellos. Ella se negó. Entonces la sujetaron por la cabeza y la estrellaron contra la mesa para obligarla a inhalar. El golpe le abrió una herida en la frente y la dejó inconsciente.
Daniela vio cómo la arrastraban del cabello hacia otra habitación y por un instante creyó que la habían asesinado. Después sintió un extraño alivio: si la llevaban a un cuarto y no la sacaban de la casa, era porque seguía con vida, pensó.
Detenidos, investigan vínculo de al menos cinco agentes
A principios de junio de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Tomás A. C., agente del Grupo Beta —cuerpo de asistencia, rescate y protección del Instituto Nacional de Migración (INM)—, acusado de delincuencia organizada y del secuestro de cinco personas migrantes originarias de la India en Ciudad Juárez.
Casi un mes después, cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por su presunta participación en secuestros exprés en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, donde habrían retenido al menos a cinco pasajeros para exigirles dinero a cambio de permitirles salir.
Para Blanca Navarrete, ambas investigaciones son especialmente relevantes porque apuntan al involucramiento de integrantes de corporaciones federales en la comisión de delitos contra personas en movilidad y en la filtración de información sobre quienes llegan a la ciudad.
Según la directora de DHIA, los secuestros suelen comenzar precisamente en puntos de llegada, como el aeropuerto o la central camionera, donde los grupos criminales buscan interceptar a las personas antes de que tengan contacto con albergues u otras redes de apoyo.
A partir del acompañamiento a víctimas y de los testimonios expuestos en distintos procesos judiciales, DHIA ha identificado patrones en la operación de estas redes.
Uno de ellos, explica Navarrete, es que muchas de las llamadas utilizadas para extorsionar a las familias de las víctimas provienen del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez. Es decir, por parte de personas privadas de la libertad en la prisión local.
La organización también ha documentado que parte del reclutamiento comienza incluso antes de que las personas migrantes lleguen a México.
A través de redes sociales, particularmente TikTok, se difunden anuncios en los que se ofrecen supuestos servicios para cruzar irregularmente a Estados Unidos.
En muchos casos, señala Navarrete, el primer contacto ocurre con presuntos traficantes o intermediarios que posteriormente canalizan a las víctimas hacia casas donde terminan siendo secuestradas.
La oportunidad de escapar
La oportunidad de escapar llegó sin planeación previa. Un día, mientras trabajaban en la empresa de limpieza, Mandy fue enviada a otro edificio y Daniela se quedó sola por primera vez desde que habían comenzado a trabajar para los secuestradores.
La incertidumbre la abrumó, pensó que ya no volvería a ver a Mandy, y mientras limpiaba unos baños comenzó a llorar. Un compañero de trabajo la encontró y le preguntó qué le ocurría.
Al principio no pudo responder. Pero, tras casi tres meses de cautiverio, golpes y amenazas, y sin saber dónde estaba Mandy, sintió que ya no tenía nada que perder. Entonces habló.
“Ese día ya no me contuve, ya no pude callarme y le solté todo al compañero. Él llamó al supervisor”, recuerda.
Al conocer la situación, el supervisor ideó una estrategia para sustraerlas. Llamó por teléfono a la mujer que las había llevado a Riberas del Bravo y le explicó que necesitaban a las dos trabajadoras un sábado para realizar un servicio extraordinario. Aunque normalmente laboraban de lunes a viernes, insistió en que ambas eran necesarias ese día.
La mujer aceptó y ese sábado Mandy y Daniela salieron de la casa para nunca regresar. Sólo llevaban la ropa que tenían puesta. Sus documentos, ropa, lo poco que tenían se quedó en la vivienda donde habían permanecido secuestradas.
En lugar de dirigirse al trabajo, fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia y, después, a una vivienda en otra zona de la ciudad, donde quedaron resguardadas.
Más tarde supieron que sus captores regresaron a buscarlas, preguntaron por ellas en la empresa de limpieza e incluso intentaron ingresar por la fuerza, pero el personal no reveló dónde se encontraban.
Durante algún tiempo siguieron trabajando para la misma empresa, pero ahora con la protección de sus compañeros, quienes incluso las acompañaban hasta la casa donde permanecían ocultas. Nunca volvieron a ver a quienes las secuestraron.
Pero para Mandy y Daniela, la libertad no significó justicia. Tras presentar la denuncia contra sus secuestradores, nunca fueron llamadas nuevamente por la Fiscalía. Nadie les informó sobre diligencias, avances o posibles responsables.
“Era como si les hubiéramos ido a contar un chiste. Nunca obtuvimos respuesta de nada”, dice Mandy.
Tiempo después, mientras acudían a denunciar otro delito acompañadas por una organización civil, preguntaron por la carpeta iniciada tras el secuestro y les dijeron que el caso había sido archivado. Hasta hoy desconocen qué ocurrió con la investigación.
Justicia inaccesible y burocratizada
Para las personas en contexto de movilidad que sobreviven a un secuestro o a la privación ilegal de su libertad con distintos fines, denunciar suele ser uno de los mayores desafíos.
Blanca Navarrete explica que muchas víctimas consideran a Ciudad Juárez un punto de tránsito, por lo que después de sobrevivir a un delito de alto impacto prefieren abandonar la ciudad y seguir su camino a quedarse durante meses o años siguiendo un proceso penal.
“Por las características de las personas en movilidad, sobre todo después de sobrevivir a un secuestro, entendemos que no quieran denunciar porque no van a permanecer en la ciudad para dar seguimiento”, afirma.
Aunque el sistema penal contempla herramientas como las pruebas anticipadas para evitar que las víctimas permanezcan en el país hasta la celebración del juicio, que sean consideradas o no depende del criterio de cada juez, explica.
Navarrete también advierte sobre obstáculos administrativos que, en la práctica, desalientan la denuncia. Según la directora de DHIA, la representación del INM en Chihuahua exige a las víctimas presentar una constancia emitida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o estar inscritas en el Registro Nacional de Víctimas para tramitar una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, un requisito que no está previsto en la Ley de Migración ni en su reglamento.
“La Ley de Migración y su reglamento dicen que basta con que la persona denuncie; nunca hablan de una constancia de víctima”, señala Navarrete.
En la práctica, obtener esa documentación puede tomar hasta tres meses, retrasando el acceso a una estancia migratoria regular, una CURP y la posibilidad de trabajar mientras las víctimas colaboran con la investigación.
Ante este panorama, DHIA brinda acompañamiento a las personas sobrevivientes para que puedan contactar a sus familias, recibir atención médica y psicológica, canalizar a quienes requieren atención especializada por violencia sexual y apoyar a quienes deciden regresar a sus países de origen.
Para Navarrete, sin embargo, la solución requiere cambios profundos, como combatir la impunidad, investigar a los servidores públicos involucrados en estos delitos, fortalecer los controles de confianza de las corporaciones de seguridad y eliminar las barreras administrativas que enfrentan las víctimas.
También destaca el papel de la ciudadanía. Muchas casas de seguridad, explica, han sido localizadas en colonias de la periferia gracias a denuncias de vecinos.
Finalmente, considera indispensable que jueces y autoridades adapten sus procedimientos a la realidad de las personas en movilidad y privilegien mecanismos, como las pruebas anticipadas, que garanticen su acceso efectivo a la justicia.
Un mercado sobre los cuerpos
Para Salvador Salazar Gutiérrez, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez especializado en el estudio de las violencias en la frontera norte, el secuestro y la explotación de personas migrantes forman parte de un mercado que lucra con los cuerpos de quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.
A diferencia de otras economías ilegales, explica, en este caso la mercancía no es un objeto, sino las propias personas. Las redes criminales obtienen ganancias al extorsionar a sus familias, obligarlas a trabajar, pedir dinero en las calles o explotarlas de distintas formas durante su tránsito hacia Estados Unidos.
“Lucrar con el propio cuerpo se convierte en una de las expresiones más contundentes de este mercado, sobre todo cuando se trata de cuerpos altamente precarizados y vulnerables, como los de las personas en movilidad”, afirma.
Salazar considera que este fenómeno no puede entenderse sin el papel del Estado, pues, señala, pese al discurso oficial de protección a los derechos humanos, las investigaciones recientes sobre el presunto involucramiento de agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional evidencian problemas de corrupción y colusión que no se resolverán “por decreto” ni con cambios discursivos.
Aunque reconoce las sentencias obtenidas recientemente por la Fiscalía de Chihuahua contra secuestradores de personas migrantes, advierte que se trata de avances insuficientes frente a un fenómeno profundamente arraigado.
“Qué bueno que hay detenciones y sentencias, pero la problemática está demasiado desbordada como para pensar que estos casos aislados reflejan una política seria de atención a las violencias que enfrenta la población en movilidad”, sostiene.
Después del infierno
Mientras intentaban retomar su vida en Ciudad Juárez, Mandy y Daniela trabajaron en la maquiladora y cambiaron varias veces de vivienda. En una ocasión, recuerdan, los propietarios de una casa en la colonia Arroyo Colorado les impidieron salir cuando intentaban mudarse y las dejaron encerradas durante casi un día entero.
Antes, en una colonia del poniente, los dueños cambiaron las cerraduras y se quedaron con todas sus cosas. Cuando llamaron a la policía, aseguran que los agentes, al enterarse de que eran migrantes, les dijeron que los propietarios tenían derecho de quedarse con sus pertenencias y se fueron.
Cada intento por empezar otra vez parecía llegar con un nuevo episodio de abuso, pero las heridas más profundas no fueron materiales. Las secuelas del secuestro siguen presentes en su salud física y mental.
Mandy vive con crisis de ansiedad y un dolor constante en la columna que la ha llevado al hospital varias veces. Ahora depende de medicamentos como tramadol y paracetamol para aguantar el dolor.
Daniela enfrenta una depresión que, por momentos, dice, le quita las ganas de seguir. Vive con ansiedad, con pensamientos suicidas y con las cicatrices que ella misma se ha provocado en las muñecas, buscando un poco de alivio.
“A mí me dejó muchas secuelas. Vivo con depresión, con ansiedad… con ganas de morirme. Lo único que encontraba para sentir un poquito de tranquilidad era cortarme”, dice.
Hace apenas unas semanas Daniela fue sometida a una histerectomía y con frecuencia pasa horas acostada sobre el colchón que comparte con Mandy en el pequeño cuarto que rentan en una casa con otras personas migrantes mexicanas.
A veces se queda callada durante horas, mirando su teléfono, pensando que debería encontrar maneras de ayudar a Mandy, pero sintiéndose incapaz de hacerlo.
Las necesidades económicas tampoco han desaparecido. Al terminar la entrevista, Mandy se prepara para salir a lavar parabrisas y coches. Necesitan reunir el dinero para pagar la renta ese mismo día.
“Anoche vinieron a cobrar. Hoy tenemos que pagar y, si no, tenemos que desocupar. ¿A dónde nos vamos? Yo nomás me encierro a llorar. ¿Y ella qué puede hacer? En lugar de ayudarla, ya ni siquiera puedo trabajar”, dice Daniela.
Una vida por reconstruir
De Guatemala, Daniela extraña, sobre todo, a sus tres nietos, a quienes espera volver a abrazar algún día. Desde su cirugía piensa a menudo en las hierbas medicinales de su tierra —el quelite, el chipilín y el quixtán—, porque está convencida de que podrían ayudarle a aliviar su dolor.
Mandy habla de sus sueños con una calma que contrasta con todo lo que ha vivido. Quiere una vida tranquila junto a Daniela, tener una casa, un trabajo estable y los documentos que le permitan vivir legalmente en México. Quiere volver algún día a Guatemala para abrazar a su mamá, a sus sobrinas y al resto de su familia.
Todavía conserva la ilusión de cruzar a Estados Unidos para trabajar, “ganar en dólares y gastar en pesos”, dice entre risas. Si logra cruzar, no imagina quedarse del otro lado de la frontera. Quiere volver a Ciudad Juárez.
En el cuarto que hoy rentan, pese a las carencias, han encontrado solidaridad en otras personas migrantes y en quienes les tendieron la mano cuando escaparon del secuestro. También reconocen el acompañamiento de organizaciones civiles y organismos internacionales que las orientaron cuando las autoridades les dieron la espalda.
Por eso cuando se les pregunta qué podría hacer alguien ante una situación similar, ambas coinciden en recomendar que busque apoyo cuanto antes, no enfrentar el peligro en silencio y no confiar en cualquier persona.
“En todos lados hay gente buena y gente mala, pero a veces hay más gente buena que mala. Pero nosotras nos hemos topado aquí en Juárez más a gente mala”, lamenta Mandy.
Daniela cuenta su historia porque quiere alzar la voz y que otras personas no tengan que vivir lo mismo. Hablar de aquellos tres meses de cautiverio todavía le duele, pero aún así decide hacerlo.
“Yo le digo a la gente que está pasando por cosas similares que no se quede callada, que no se deje humillar por nadie. Todos somos iguales. Todos tenemos derecho de ser libres, de ser felices, de estar vivos”.
Durante meses, Mandy y Daniela pagaron por seguir con vida. Hoy cuentan su historia para que otras personas no tengan que hacerlo.
