By Once Noticias
El Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá aprobar el “Plan B” de la Reforma Electoral, antes de junio próximo, para poder ser aplicado en la elección presidencial de 2024, reconoce un estudio realizado por el Senado de la República.
En el documento elaborado por el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara Alta, se recuerda que el Artículo 105 Constitucional prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales.
Mientras las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos convocarán esta semana a reunión para dictaminar la minuta modificada del llamada “Plan B”, con el fin de llevarlo al Pleno del Senado para su votación, en la Corte ya suman un amparo, cinco acciones de inconstitucionalidad y una controversia interpuestas contra dicha reforma.
El llamado “Plan B”, aprobado por Morena y sus aliados en el Congreso plantea, entre otras cosas, la compactación y reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la eliminación de la llamada cláusula de “vida eterna a partidos”, pese a la advertencia de veto, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en caso de ser aprobada.
La investigación titulada “Aspectos del Proceso Legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, precisa que hasta el pasado el primero febrero se habían presentado de juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición y sus legisladores. Además de la controversia constitucional interpuesta por el INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental.
Se espera que el Paquete de Reforma relativo a las normas electorales que será retomado por el Congreso de la siguiente semana, motive un mayor número de acción jurídica y sociales.
Todos los recurrentes contra la Reforma Electoral anuncian también que impugnarán ante el máximo tribunal del país, las modificaciones normas electorales que tocan la estructura y funcionamiento del INE, y cuyas iniciativas sólo requieren de la mayoría simple de 50% más uno, de los votos emitidos en los plenos, para su aprobación.
Hasta el momento, las acciones interpuestas contra las reformas electorales reclamadas, argumentan violaciones al proceso legislativo y debilitamiento del INE, así como inequidad en las contiendas e, incluso, riesgo en la organización del proceso electoral de 2024.
Para invalidar el llamada “Plan B” se requiere que una mayoría calificadas del Pleno de la Corte vote a favor de declarar la inconstitucionalidad de dichas enmiendas.
Gobernadores de Morena respaldan Plan B de la reforma electoral
El 16 de diciembre, por medio de un pronunciamiento, los 22 gobernantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dijeron a favor de las recientes reformas que en materia electoral fueron aprobadas por el Congreso.
Luego de que el Plan B de la reforma electoral fue aprobado en lo general y en lo particular en el Senado, mandatarios estatales adscritos a Morena acusaron al órgano electoral de no resistir la prueba a la que están siendo sometidos.
La jefa de Gobierno citadina, Claudia Sheinbaum, compartió el posicionamiento después de que el pasado 15 de diciembre el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió una batalla jurídica tras la aprobación del Plan B.
Sheinbaum y diversos gobernadores aseguraron que el INE se niega a asumir cambios para que los mecanismos democráticos sean más eficaces y menos costosos.
El pronunciamiento dice lo siguiente:
“Las y los Gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que somos parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, nos pronunciamos a favor de las recientes reformas que en materia electoral fueron aprobadas por el Congreso de la República.
Ante la afirmación simplista de que el INE no se toca, expresamos que esta institución no resiste la prueba de autonomía, mucho menos de elecciones limpias: como árbitro no ha visto lo que todo el público ha visto en la cancha electoral. Además, todas las instituciones públicas tienen su origen en la voluntad popular, por lo que pueden y deben ser reformadas mediante los mecanismos democráticos contemplados en nuestras propias leyes para hacerlas más eficaces, menos costosas y más cercanas a los intereses de una sociedad inmersa en una profunda dinámica de transformación como la nuestra.
Las condiciones históricas son, por definición, cambiantes y tenemos que responder a ellas con ánimo de renovación para hacer frente a las nuevas circunstancias: más aún cuando se trata de cuestiones tan trascendentes como el mecanismo para elegir a los representantes populares.
Al apoyar esta reforma, expresamos nuestra sujeción a la demanda popular que exige que las instituciones y los procesos electorales sean menos onerosos para la sociedad, mantengan su autonomía y reflejen de forma transparente y ágil la voluntad ciudadana expresada en el voto.
A mediados del siglo XIX, Benito Juárez y los hombres y mujeres de la generación de la Reforma y la lucha contra la intervención extranjera, encabezaron el sentir popular realizando, sin temor, una profunda renovación de nuestro orden legal para que reflejara, con precisión, las circunstancias y los anhelos de cambio de la sociedad de su tiempo. En ese ejemplo y fuerza transformadora republicana y democrática, encontramos inspiración para apoyar los cambios que ahora ha aprobado el Congreso”.
