By La Silla Rota
Los 43 trabajadores sociales despedidos del Instituto Federal de Defensa Pública tenían la labor de apoyar a personas de escasos recursos en casos de materia penal, administrativa, fiscal, civil y laboral del ámbito federal.
“Éramos, haga de cuenta los ojos del juez”, explica Olivia Beltrán, quien era la única trabajadora social del IFDP en Baja California Sur. Olivia trabajaba ahí desde hace 27 años. Fue despedida este 30 de junio.
Los trabajadores sociales también visibilizaban al ciudadano frente a una autoridad que pudiera haber violentado sus derechos, agrega Beltrán, en entrevista telefónica con La Silla Rota.
“Nosotros tenemos que acreditar al juez que la persona es solvente, que no cuenta para pagar la multa para algún beneficio. Si, en su caso, no puede por su cuestión económica, bueno, que le fijen alguna fianza, alguna cuantía y le resulta impagable por su condición social, ahí interviene el trabajo social”, ejemplifica.
Otro caso es cuando en materia laboral se necesitaba entregar citatorios sobre alguna documentación para el cobro de alguna pensión del ISSSTE a personas de escasos recursos, pero no se les podían localizar porque cambiaron de teléfono o dirección, entonces los buscaban por cielo, mar y tierra hasta dar con ellos y notificarles cuando ese asunto se hubiera ganado.
“Nosotros únicamente nuestra función medular es ayudar al ciudadano, al cual se le ha cometido alguna injusticia”.
Pero con el cese de los trabajadores esa labor se ve difícil, aunque se las deleguen a otros compañeros, prevé.
Un caso
Recuerda el caso de una persona a quien la Procuraduría Federal de Protección Ambiental la acusó de cortar árboles en propiedad federal, lo que era un presunto delito. Se trataba de alguien de escasos recursos de una comunidad.
La persona acusada se defendió y dijo que no hizo desmonte, sino que aprovechó árboles caídos y arrastrados por un arroyo. Los ejemplares los usó para la venta de carbón. El trabajador social intervino y en visita domiciliaria comprobó lo que decía el acusado.
Beltrán resalta además la importancia de los estudios socioeconómicos. Se enfocan en personas que pueden obtener su libertad provisional a cambio de una fianza de 10 mil pesos, pero no tienen esa cantidad.
“Nosotros le mostramos al juez que es insolvente y no percibe ingresos e incluso que depende de su familia, quizá de un adulto mayor”.
Otro caso donde intervenían es cuando hay controversia por un conflicto entre papá y mamá y que en medio queda un menor.
“Entonces, el juez ya le da vista a la Defensoría Pública para que se designe un asesor jurídico, para que represente al menor. Era de nosotros y ya ellos consideran si hay que hacer visitas domiciliarias o acompañamiento, una investigación, porque son casos sensibles, donde a veces puede haber maltrato, incluso muy grave; ahí ya interviene la procuraduría”, explica.
En ocasiones los niños que quedan en custodia y son enviados a una casa cuna. Con la ayuda de los trabajadores sociales del IFDP, regresan con sus abuelos para que sean protegidos.
También había familiares de mujeres violentadas que recurrían a los trabajadores sociales, para juicios contra el agresor, y para mostrar que eran familiares de la persona víctima de violencia.
Beltrán no duda en decir que se trata de una labor noble que no cualquiera puede hacer, porque además se requiere vocación, y por eso no les importaba sacrificar un fin de semana.
Ignora causas de su cese
Lo que no sabe la extrabajadora social es por qué los despidieron.
“Llegó de sopetón”, dijo.
El lunes 29 su jefe le dijo que la esperaba el martes a las 9:00 a.m., lo que se le hizo raro porque ella siempre llegaba antes de esa hora. Pero lo más raro fue que su jefe ya no la llamó a la hora acordada.
Después vio mucha actividad en un chat de grupo de trabajadores del IFDP y uno de los comentarios era en el sentido de que algunos en otras sedes estaban asustados.
“Están llorando, porque dicen que nos van a notificar los oficios de baja laboral”.
Hasta el mediodía ella fue notificada de su cese. Pero no se le dijo la causa. Los rumores aludían a causas presupuestales, luego se dijo que por ser personal de confianza los despedían, pero si esta era la razón debían explicarles si había una pérdida de confianza y en ese caso, tenían derecho a audiencia para defenderse. Pero eso no ocurrió.
Aunque tienen derecho a una indemnización, aún no les informan si la recibirán.
Con la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024, el Órgano de Administración Judicial encabezado por Néstor Vargas Solano les prometió que las condiciones laborales serían las mismas, e incluso hay una jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación publicada apenas el 29 de mayo, que establece que las personas defensoras públicas al servicio del estado de Baja California son trabajadoras de base, en atención a la naturaleza de las funciones que desempeñan.
“Tratándose de las personas defensoras públicas, sus funciones se orientan primordialmente a la asesoría jurídica y representación legal en favor de las personas y no a la defensa o salvaguarda de los intereses institucionales, lo que evidencia que no participan en la adopción de decisiones estratégicas ni en el ejercicio de atribuciones de dirección o control, es decir, sus actividades no encuadran con las del personal de confianza. Por tanto, son de base”.
Contexto
Los ceses gestados el 26 y concretados el 30 de junio en el IFDP afectaron a 39 mujeres y 4 hombres en 31 delegaciones.
Las personas cesadas ocupaban el puesto de Analista Especializada, nivel 27-C, correspondiente al área de Trabajo Social. Se encontraban distribuidas en las 31 delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública, lo que significa que se trataba de un cuerpo técnico reducido y altamente especializado, explicó Mauricio Pérez.
Las personas trabajadoras sociales formaban parte de los equipos interdisciplinarios del IFDP y desempeñaban funciones técnicas especializadas indispensables para la prestación integral del servicio de asesoría jurídica.
Entre sus principales funciones estaban realizar investigaciones socioeconómicas para determinar la procedencia del servicio cuando existan dudas sobre la situación económica de las personas solicitantes.
Además, elaborar dictámenes periciales en materia de trabajo social, realizar estudios sociales e investigaciones de contexto, identificar condiciones de vulnerabilidad, aportar información técnica para fortalecer la estrategia jurídica, brindar acompañamiento institucional y canalizar a las personas usuarias hacia programas y servicios públicos.
Su intervención permitía documentar técnicamente condiciones de vulnerabilidad, contexto social y necesidades de protección, que son elementos fundamentales para una adecuada estrategia jurídica.
El jueves por la noche, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial anunció que 18 trabajadores sociales fueron recontratados tras un diálogo con las autoridades, pero no informó por qué se les perdonó. Olivia Beltrán no estuvo entre los recontratados.
