By EmeEquis
En el marco de su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la reciente inmovilización de activos financieros que pesa sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos y otros altos funcionarios estatales.
Al ser cuestionada sobre el Acuerdo 156/2026 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la mandataria tomó distancia de la operatividad técnica del organismo, asegurando que la autonomía de dichas áreas permite que las investigaciones sigan su curso natural.
Ante la interrogante directa sobre si estaba al tanto de las notificaciones enviadas a la banca desde el pasado 6 de mayo, Sheinbaum fue tajante: “No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté”.
La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que, aunque mantiene comunicación constante con su gabinete de seguridad, los detalles específicos de las listas de personas bloqueadas no siempre forman parte de la agenda diaria de la presidencia.
AUTONOMÍA TÉCNICA DE LA UIF
La presidenta subrayó que la dependencia encargada de combatir el lavado de dinero opera bajo criterios estrictamente profesionales y no políticos. Al profundizar en el tema, señaló que las medidas tomadas contra Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza derivan de hallazgos propios de la fiscalización financiera. “La UIF es un área que no es, que es técnica, digamos. Si encuentra alguna irregularidad, pues procede”, afirmó de manera contundente.
Esta postura surge en un momento crítico, luego de que trascendiera que el bloqueo responde a acusaciones en una Corte de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y operaciones de protección a la facción de “Los Chapitos”. Según la información oficial, el sistema SITI de la CNBV ya refleja la restricción total para que los implicados realicen movimientos en el sistema financiero mexicano.}
COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
Pese a desconocer los pormenores de la notificación formal que afecta a los hijos del gobernador —Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz—, la mandataria se comprometió a que las instancias correspondientes aclaren la situación jurídica y financiera de los señalados.
“No tengo mayor conocimiento. Les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso”, adelantó, dejando la puerta abierta a que la titularidad de la UIF o la Secretaría de Hacienda brinde un reporte detallado en los próximos días.
La administración federal ha insistido en que, si bien se respetan los mecanismos de cooperación bilateral con Estados Unidos y las solicitudes de extradición, cualquier proceso debe apegarse estrictamente a la ley.
En este sentido, Sheinbaum reiteró que su gobierno no intervendrá para frenar o impulsar casos de forma arbitraria, pues “si encuentra alguna irregularidad, pues procede”, validando así el avance del cerco financiero contra la estructura sinaloense.
