By Proceso
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel arremetió contra Fernando Gómez Mont, abogado defensor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y la Barra Mexicana de Abogados (BMA) respaldó al penalista.
La semana pasada en conferencia de prensa, Montiel descalificó a Gómez Mont por sus antecedentes como secretario de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón y su intervención en casos penales de alto perfil y lo acusó de ser “lo mismo” que las personas a quienes defiende.
“Es digno de recordar quién es el abogado: Fernando Gómez Mont. Esto es importante porque se defienden entre ellos mismos, por eso sostenemos que son lo mismo”, afirmó Montiel.
Añadió que la oposición se contradijo al afirmar que Ruffo Appel es inocente de los cargos que enfrenta pues la defensa del exgobernador ha afirmado que se trata de una persecución política.
“Calderón acusó al exgobernador panista de tener una relación de complicidad con el cártel de los Arellano, pero ahora, no importando eso, trae a cuenta la defensa de Ernesto Ruffo”, apuntó.
“Lo que estamos viendo es una reacción de la derecha, de la oposición, en defensa de un delincuente, de un traficante de combustible”.
En respuesta a las declaraciones de la dirigente nacional de Morena, la BMA reconoció que todas las organizaciones tienen derecho a expresar opiniones sobre los procesos de interés público, pero que esto no implica que puedan descalificar a las personas por ejercer su derecho Constitucional de defenderse.
“Resulta particularmente preocupante que se pretenda descalificar públicamente a un abogado por asumir la representación profesional de una persona investigada o imputada, o que se sugiera que la defensa de una persona acusada constituye, por sí misma, una forma de complicidad con los delitos que se le atribuyen. Aceptar semejante premisa significaría desconocer la función esencial de la abogacía en un sistema de justicia”, indicó Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la BMA, mediante un comunicado.
“La función del abogado defensor no consiste en determinar la culpabilidad de su representado. Esa función corresponde exclusivamente a los órganos de procuración de justicia y jurisdiccionales competentes, mediante un proceso en el que se respeten sus derechos constitucionales y en el que la responsabilidad penal se establezca, en su caso, mediante sentencia”.
