By Excelsior
Morena en la Cámara de Diputados aplazó hasta el próximo año la discusión de la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, una iniciativa que busca establecer criterios para determinar cuándo una cobertura informativa puede considerarse indebida y derivar en la nulidad de una elección.
El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, reconoció que el documento será revisado y que su discusión se aplazó hasta febrero del próximo año, incluso después del proceso electoral de 2027, ante el riesgo de generar incertidumbre sobre su aplicación.
Reconoció que el predictamen generó dudas e incertidumbre, incluso dentro de la propia bancada, por lo que se decidió reprogramar su discusión,
“Dijeron que generaba algunas dudas y una incertidumbre y por eso es que tomamos la decisión de reprogramarlo y seguramente lo estaremos discutiendo el siguiente año”, señaló.
Lobo Román aclaró que el proyecto “no pretende limitar la libertad de prensa ni la expresión de los periodistas (…) Dejar muy claro: cualquier cosa que hagamos es para fortalecer los derechos político-electorales”, afirmó.
Precisó que uno de los puntos que generó controversia en el predictamen es el que se refiera al numeral 6 del artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se presumirá la existencia de cobertura informativa indebida cuando, “por su carácter reiterado y sistemático, la programación o los espacios informativos y noticiosos constituyan una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía,” en lugar de responder a un ejercicio periodístico.
El documento no precisa cómo distinguir, en cada caso, entre una cobertura periodística legítima y una campaña de promoción o ataque disfrazada de información, uno de los puntos que despertaron cuestionamientos. El presidente de la comisión precisó que este supuesto es notable principalmente en redes sociales.
“Lo que pasa mucho en redes sociales o en algunos medios es que se hace una campaña, alguien contrata una campaña reiterada de ataque o de promoción bajo la lógica de una condición periodística”, argumentó.
Sin embargo, insistió que esta disposición “no se tocaba” en el predictamen retirado, puesto que la legislación actual permite a los tribunales electorales analizar esas conductas, con el objetivo de determinar si afectan la equidad de la contienda.
“Lo que sí hay que decir es que ya existe, y eso no se estaba modificando en lo absoluto”, insistió, al señalar que el apartado cuestionado se mantiene en los términos vigentes y que, a su juicio, “el decir que se buscaba modificar dicha disposición, fue sacado de contexto”.
El legislador también sostuvo que las entrevistas, opiniones, editoriales y análisis están protegidos contra la censura judicial, “siempre que reflejen las opiniones o creencias de quienes los emiten”, como establece el propio proyecto.
Añadió que, al haber comenzado ya el proceso electoral de 2027, cualquier modificación que eventualmente se apruebe tendría que aplicarse después de esos comicios, para evitar controversias sobre su entrada en vigor.
Buscan simplificar la justicia electoral
La propuesta pretende abrogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vigente desde 1996, para establecer procedimientos más ágiles y claros en la resolución de controversias electorales.
Lobo sostuvo que el objetivo principal del predictamen retirado era simplificar los mecanismos de impugnación, facilitar la defensa de los derechos ciudadanos y delimitar las atribuciones de las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
“Lo que busca esta iniciativa y el dictamen que estábamos planteando es simplificar todo este proceso de medios de impugnación, hacerlo más ágil, más eficiente, que el justiciable tuviera elementos mucho más claros para que su proceso de litigación fuera mucho más sencillo y eficaz”, explicó.
Entre sus disposiciones también plantea que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, implemente un sistema informático de justicia electoral en línea en un plazo de 180 días.
Pese al retiro del documento, el presidente de la comisión aseguró que los trabajos legislativos continuarán y que se revisarán las propuestas presentadas por los distintos partidos.
