By Proceso
Ismael Burgueño no llegó solo a la presidencia municipal de Tijuana ni se mueve por cuenta propia en la disputa por la gubernatura de Baja California. Su ascenso ha sido impulsado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y por quien fuera su esposo, Carlos Torres Torres, convertido durante la administración municipal en uno de los principales operadores de los proyectos estratégicos de la ciudad.
Ahora, con Burgueño separado temporalmente de la alcaldía y promovido como aspirante a suceder a Ávila Olmeda en 2027, su trayectoria comienza a ser revisada más allá de la propaganda: contratos municipales por más de 108 millones de pesos, una residencia cuyo costo contrasta con sus ingresos públicos, el patrimonio inmobiliario de su entorno familiar, una costosa red de promoción digital y un reporte sobre investigaciones federales que alcanzan al círculo político de la gobernadora.
Burgueño fue colocado en la candidatura de Morena a la alcaldía de Tijuana en 2024, después de que el partido cerró el paso a la reelección de Montserrat Caballero. Su nominación permitió a Marina del Pilar consolidar el control del municipio más poblado de Baja California y fortalecer su bloque frente al grupo del exgobernador Jaime Bonilla.
Desde entonces, Burgueño se convirtió en el principal activo del oficialismo para la sucesión estatal.
Carlos Torres, dentro del Ayuntamiento
La relación política quedó expuesta desde el comienzo de su gobierno. El 1 de octubre de 2024, apenas asumió la alcaldía, Burgueño designó a Carlos Torres Torres, entonces esposo de Marina del Pilar, como coordinador de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tijuana.
El nombramiento colocó a Torres en una posición desde la cual podía articular dependencias municipales y estatales, así como intervenir en proyectos de desarrollo urbano e imagen pública considerados prioritarios por el grupo gobernante.
Entre sus responsabilidades estuvieron la continuidad del Parque Esperanto y el Malecón de Playas de Tijuana, la recuperación de espacios públicos, la coordinación de proyectos metropolitanos con el Instituto Metropolitano de Planeación y el seguimiento de iniciativas que ya había encabezado desde el gobierno estatal.
No se trataba de una posición secundaria. Desde esa oficina, el esposo de la gobernadora adquirió influencia sobre una parte relevante de la agenda urbana de Tijuana, dentro de una administración encabezada por el hombre al que el grupo político buscaba proyectar hacia 2027.
La apuesta por Burgueño continuó incluso después de que el entorno de Marina del Pilar entró en crisis.
En 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de la gobernadora y de Carlos Torres. Meses después, Ávila Olmeda anunció su proceso de divorcio y, en enero de 2026, Torres reconoció públicamente que era investigado por la Fiscalía General de la República.
La crisis se profundizó con la filtración de grabaciones atribuidas a conversaciones de la mandataria sobre las gestiones para recuperar su visa. Marina del Pilar aseguró que fue víctima de una operación política y que el encuentro del cual surgieron los audios fue una trampa organizada por Jaime Bonilla. El exgobernador negó esa versión.
En medio de esa confrontación, Burgueño permanece como la carta sucesoria del grupo gobernante.
Un contrato por 108 millones de pesos
Uno de los episodios que coloca bajo escrutinio a la administración de Burgueño ocurrió en septiembre de 2025, cuando el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Tijuana adjudicó a Power and Sinergia, S.A. de C.V., dos contratos por un monto conjunto superior a 108 millones de pesos.
Los recursos fueron destinados a la adquisición de 18 mil 453 luminarias LED. Una licitación ascendió a aproximadamente 38.1 millones de pesos y la otra a 69.9 millones.
El rastreo de registros mercantiles vincula a Power and Sinergia con un corporativo identificado como Fortius Power y con la familia Riguero, originaria de Jalisco y relacionada también con Construobras de Occidente.
En las actas y coincidencias societarias revisadas aparecen además conexiones con Fernando Salgado Chávez y con Nelly del Carmen Pabello Vega, oficial mayor del Ayuntamiento de Tijuana.
Ese y otros presuntos ilícitos que implican contratos, patrimonio e investigaciones federales fueron revelados originalmente por el prestigioso medio tijuanense ZETA.
Las relaciones mercantiles no constituyen por sí mismas la prueba de un delito. Sin embargo, cobran relevancia porque Salgado Chávez ha sido identificado como un empresario cercano al entorno de Marina del Pilar y Carlos Torres.
Su nombre apareció también después de que circularon fotografías de la gobernadora en una residencia de Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, California, cuyo valor comercial ha sido calculado en alrededor de 4.5 millones de dólares.
La propiedad fue adquirida en noviembre de 2023 por Intl. Builders Inc., empresa en cuyos registros Salgado Chávez aparece como director.
El gobierno de Baja California negó que Marina del Pilar o Carlos Torres fueran propietarios del inmueble y sostuvo que ninguno de los dos mantiene vínculos legales, financieros o patrimoniales con la residencia.
Una indagatoria que alcanza al grupo gobernante
Un reporte incorporado a la investigación señala que, en noviembre de 2025, la FGR integró carpetas por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia de hidrocarburos y robo de vehículos.
Según ese reporte, Ismael Burgueño habría sido citado en calidad de imputado junto con el entonces secretario de Economía estatal, Pedro Montejo, y Fernando Salgado Chávez.
Una segunda indagatoria mencionaría a Carlos y Luis Torres, así como a Armando Ayala, senador con licencia y también aspirante a la gubernatura de Baja California.
Las investigaciones estarían relacionadas, entre otros aspectos, con adjudicaciones municipales a empresas vinculadas con integrantes de ese entorno político y empresarial.
La integración de una carpeta o una citación ministerial no implica que exista una acusación formal ni acredita responsabilidad penal. Pero la inclusión del alcalde con licencia en un reporte de esa naturaleza obliga a esclarecer su participación y el manejo de los contratos entregados durante su administración.
La residencia y el patrimonio familiar
El patrimonio de Burgueño constituye otro de los puntos que requieren explicación.
El alcalde con licencia reside en una casa del fraccionamiento Hacienda Agua Caliente, una de las zonas de mayor plusvalía de Tijuana. Ofertas inmobiliarias consultadas para propiedades de características similares ubican las rentas hasta en 272 mil pesos mensuales.
El portal de transparencia del Ayuntamiento reporta para el alcalde un salario neto aproximado de 51 mil 112 pesos mensuales.
La residencia aparece inscrita a nombre de Nayeli Carmona, quien la adquirió en 2015. Cuestionado sobre el inmueble, Burgueño ha sostenido que lo renta y que dispone de ingresos suficientes para cubrir el alquiler.
A su nombre se encuentran registrados directamente dos inmuebles, con un valor conjunto cercano a 1.3 millones de pesos.
El mayor patrimonio inmobiliario se concentra en su padre, el profesor Modesto Burgueño Nieblas, quien aparece en el Registro Público de la Propiedad como propietario histórico de 31 inmuebles, 19 de ellos todavía vigentes.
La mayoría se encuentra en la Zona Este de Tijuana, en unidades habitacionales y condominios relacionados con el sector magisterial. También existen propiedades en Playas de Rosarito y predios adquiridos durante las décadas de los ochenta y noventa.
Entre las operaciones más recientes destaca un inmueble con construcción en Terrazas de la Presa, adquirido en 2017 por 2 millones 379 mil pesos.
Cinco de las 19 propiedades vigentes fueron obtenidas mediante procedimientos de prescripción positiva, figura jurídica mediante la cual una persona puede adquirir la propiedad de un inmueble después de poseerlo durante determinado tiempo y obtener una resolución judicial favorable.
La existencia de esos bienes no demuestra que pertenezcan al alcalde. La cantidad de propiedades, las adquisiciones recientes y los procedimientos judiciales empleados, sin embargo, forman parte de los elementos patrimoniales que deben aclararse ante la proyección política de Burgueño.
Una campaña desde 200 páginas
Mientras las controversias alcanzaban al grupo de Marina del Pilar, la promoción de Burgueño como aspirante a gobernador se intensificó.
Un monitoreo de la Biblioteca de Anuncios de Meta identificó más de 200 páginas de Facebook e Instagram que difundieron de manera simultánea videos, fotografías, encuestas y transmisiones favorables al alcalde con licencia.
Las cuentas operan bajo la apariencia de medios de comunicación, portales informativos, páginas regionales o espacios identificados con la llamada Cuarta Transformación.
Entre ellas aparecen Veraz Informa, Garabato, La Prensa Ciudadana, Noticia Frontera, El Heraldo del Norte, Escena Pública, Tres Californias, El Binacional, Demoscopía, Tus Noticias BC, El Minutero y La Trinchera News.
La inversión acumulada durante uno de los meses monitoreados superó los 800 mil pesos.
Parte del material incluyó imágenes generadas mediante inteligencia artificial en las que Burgueño aparece junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como publicaciones que lo presentan como el dirigente capaz de dar continuidad al proyecto de Marina del Pilar.
La operación plantea preguntas sobre el origen de los recursos, la identidad de quienes administran las páginas y la eventual existencia de una promoción anticipada rumbo a las elecciones de 2027.
Propaganda frente a resultados
El posicionamiento digital contrasta con los indicadores de la ciudad que Burgueño gobernó.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi correspondiente a junio de 2026, 67.6% de la población adulta de Tijuana manifestó sentirse insegura.
El porcentaje fue casi ocho puntos superior al promedio nacional.
La misma encuesta colocó al gobierno municipal de Tijuana entre los peor evaluados del país para resolver los principales problemas de la población. Apenas 13.6% de los ciudadanos consideró que la administración era “muy efectiva” o “algo efectiva”.
Las denuncias por extorsión en Baja California también habrían aumentado alrededor de 20% frente al periodo anterior, según datos estatales citados en la investigación.
Comerciantes del Valle de las Palmas y representantes empresariales han ido más lejos: acusaron públicamente a funcionarios municipales y al propio Burgueño de encabezar una red de extorsión desde oficinas del Ayuntamiento. En la documentación revisada no aparece una sentencia ni una resolución judicial que acredite esa imputación, por lo que debe ser entendida como un señalamiento pendiente de probarse.
Burgueño llega así a la carrera de 2027 como algo más que el alcalde con licencia de Tijuana. Es el candidato construido por Marina del Pilar y Carlos Torres para conservar el gobierno de Baja California.
Su candidatura, sin embargo, también carga con el entramado político, empresarial y familiar que hizo posible su ascenso.
