By Proceso
La primera entrega de informes de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó las sospechas de que el veracruzano no rompería con la controvertida gestión de su antecesor, David Colmenares Páramo. Se esperaba que devolviera al ente fiscalizador su función de supervisor independiente de los gobiernos, pero en lugar de auditar el gasto la ASF se limitó en verificar que el gobierno federal calculó y dispersó adecuadamente los recursos a los gobiernos estatales en 2025 y que éstos los distribuyeron conforme a sus obligaciones.
El 30 de junio último, día en que Hernández Palacios presentó los resultados de los primeros cuatro meses de su gestión al frente de la ASF, el ente fiscalizador entregó escasos 33 informes a los legisladores –uno por cada uno de los 32 estados y uno sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de entregar los fondos—, de los cuales derivaron apenas una solicitud de aclaración y seis observaciones, así como una irregularidad irrisoria de 1.4 millones de pesos, descubierta en Chiapas, equivalente a 0.0001% del total de recursos dispersados a los estados.
A modo de comparación: el año anterior, en la primera entrega de informes relativos a la cuenta pública 2024, la ASF de David Colmenares, que no obstante era criticada por el carácter superficial de sus auditorías, había elaborado 152 informes, de los cuales habían derivado 387 acciones –incluyendo 123 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 39 solicitudes para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigara a personas y empresas– y se habían determinado 662.5 millones de pesos en presuntas irregularidades.
Aunque la ASF no auditó el gasto público, y por lo tanto no era posible que determinara irregularidades, los gobiernos del Estado de México, de Morelos y de Tamaulipas, entre otros, utilizaron la primera entrega de reportes de auditoría para presumir en la prensa sus supuestas buenas gestiones, con titulares como “El Estado de México cumple”, “Morelos logra récord histórico” o “Registra Tamaulipas cero monto observado”.
Para tratar de ocultar la ausencia de fiscalización de los primeros informes de su gestión, el martes 30 de junio Hernández presumió ante la Cámara de Diputados que la ASF había presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades de cerca de 600 millones de pesos, y anunció otros recursos contra 30 servidores públicos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De acuerdo con una revisión de Proceso, la ASF presentó las denuncias el 26 de junio, es decir, escasos cuatro días antes de la primera entrega de informes. Estas denuncias derivan de nueve auditorías, relativas a las cuentas públicas de 2021, 2023 y 2024; cinco de ellas tienen que ver con malas gestiones municipales, una con un gobierno estatal (Nayarit), otra con una universidad (la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca), otra con una empresa paraestatal (Talleres Gráficos de México) y una sola con un ente federal, en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador: la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Las denuncias referentes a los gobiernos municipales de Alvarado, en Veracruz; de Matehuala, en San Luis Potosí; de Maravatío, en Michoacán, y de Donato Guerra y Valle de Bravo, ambos en el Estado de México, tienen que ver principalmente con la falta de documentación que compruebe el uso de los recursos federales. En 2024, por ejemplo, el municipio mexiquense de Valle de Bravo gastó 40 millones 717 mil pesos de recursos federales en obras de construcción, pero no entregó la documentación necesaria respecto de los procesos de contratación de las empresas que realizaron los trabajos, lo que llevó la ASF a determinar que todos los recursos quedaban pendientes por aclarar.
El informe sobre la Cofepris es el más elaborado de todos: en esta auditoría de cumplimiento forense la ASF determinó irregularidades por 121 millones 934 mil pesos en contratos sobre el mantenimiento de inmuebles, en parte por una simulación en un proceso de licitación en el que compitió una maraña de empresas vinculadas entre sí; en los contratos revisados la ASF descubrió empresas que falsificaron los entregables justificativos de los servicios prestados, o que subcontrataron los servicios por los que habían sido contratados por la Cofepris.
