By Excelsior
Aunque las fiscalías son instituciones autónomas, desde los Ejecutivos locales se decide quién es investigado y quién no, así como la dirección que toman las investigaciones, alertó una especialista.
Para Susana Camacho, cocoordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, las fiscalías son percibidas como parte del gobierno estatal en turno, con un uso político evidente.
“Esto se refleja en la selección de a quién investigar o no, y en la velocidad con la que se avanzan o no las investigaciones durante un sexenio particular”, afirmó a Excélsior.
Esto se evidencia en que, durante los últimos siete años, 12 fiscales no han completado sus periodos, ya sea por renuncia o destitución. San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca (dos veces), Quintana Roo, Edomex, Baja California, Sonora, Jalisco y Nuevo León son estados donde los fiscales han renunciado, mientras que en Guerrero y Veracruz fueron destituidos.
Gobiernos estatales dan manotazo a autonomía de fiscalías; las usan como herramientas políticas
Desde los ejecutivos locales se decide quién es investigado y quién no, así como la dirección que toman las investigaciones durante un determinado periodo, señaló México Evalúa. En los últimos 7 años, 12 fiscales no han completado su mandato y dos fueron destituidos.
La autonomía de las fiscalías estatales no ha impedido que la procuración de justicia en México siga teniendo un manejo político, señaló Susana Camacho, cocoordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
Esto se evidencia en que, durante los últimos siete años, doce fiscales no han completado sus periodos de mandato, ya sea por renuncia o destitución.
San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca (2), Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Sonora, Jalisco y Nuevo León son los estados donde los fiscales han renunciado por “motivos personales”. En Guerrero y Veracruz, las personas titulares de las respectivas fiscalías fueron destituidas por la mandataria Evelyn Salgado y el gobernador Cuitláhuac García, que llevó a prisión al exfiscal del estado.
“Las fiscalías siguen siendo percibidas como parte del gobierno en turno, con un uso político evidente. Esto se refleja en la selección de a quién investigar o no, y en la velocidad con la que se avanzan o no las investigaciones durante un sexenio particular”, comentó Susana Camacho en entrevista con Excélsior.
“Creo que esta situación persiste, tanto a nivel federal como estatal. A nivel federal veremos si la autonomía resistirá el cambio de presidencia, pero en los estados esta postura es aún más evidente. Las fiscalías son percibidas como órganos políticos de los gobernadores en turno, por lo que se ha propuesto que los periodos de los fiscales no coincidan con los de los gobernadores”, agregó Camacho.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su opinión sobre las fiscalías estatales, señalando que los periodos de más de seis años para un fiscal son excesivos. Afirmó que, al igual que existe la revocación de mandato presidencial, los fiscales deberían someterse a un proceso similar.
El 19 de octubre de 2022, durante su conferencia mañanera, el Presidente se refirió a los fiscales estatales: Principio del formulario
“Y tener un poco de vergüenza porque, si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir: ‘Ahí está mi renuncia, ya me voy’. Si estamos planteando la revocación del mandato, en el caso del Presidente, a los tres años preguntarle a la gente: ‘¿Quieres que siga o que se vaya?’ No porque ya me eligieron por seis años, haga lo que haga, me tienen que aguantar. Es realmente un absurdo.
“Los mismos procuradores, si no hay resultados, deberían de renunciar, de salirse, pero ahí están aferrados, y lo peor es que algunos hasta cometen delitos o se asocian, como dirían en mi estado, se amacollan con la delincuencia”.
En este sentido, la cocoordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa señaló “que establecer periodos de siete, ocho y nueve años para los fiscales autónomos fue una medida clave para garantizar que su gestión trascienda los cambios de gobierno estatales y no coincida con ellos, con el fin de prevenir la impunidad. Ahora, con las elecciones del 2 de junio, se presenta una prueba de fuego para evaluar cuántos cambios se producirán en el cargo. A juzgar por el panorama actual, es muy probable que se sumen nuevas renuncias o destituciones de fiscales”.
LOS DESTITUIDOS
El 15 de septiembre de 2019, Jorge Winckler Ortiz fue destituido como fiscal general de Justicia del estado de Veracruz por, supuestamente, no cumplir en tiempo con los exámenes de control y confianza.
Winckler Ortiz estuvo al frente de la Fiscalía a partir de diciembre de 2016 y había sido elegido para ocupar el cargo por nueve años hasta 2025; la llegada de Cuitláhuac García, al gobierno veracruzano, que derrotó a Miguel Ángel Yunes, amigo de Winckler, acabó con el encargo que éste tenía.
Después de la destitución de Winckler, el exfiscal fue prófugo de la justicia hasta su detención en julio de 2022 en Oaxaca y, desde entonces, está preso en un penal de máxima seguridad.
La otra destitución de una fiscal se registró en marzo de 2024 en Guerrero, después del asesinato de Yonqui Kothan Gómez Peralta, normalista de Ayotzinapa, ocurrido el 7 de marzo de ese año.
La gobernadora Evelyn Salgado destituyó a la fiscal Sandra Valdovinos, quien en primera instancia se opuso a la medida, aunque un mes antes había solicitado una licencia para separarse del cargo que le fue negada.
El 19 de marzo pasado, el Congreso de Guerrero aprobó la remoción de Valdovinos como fiscal del estado.
EL MÁS RECIENTE
El caso más reciente de la renuncia de un fiscal es el de José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí, el miércoles pasado. Ruiz confirmó su renuncia por motivos personales y profesionales. Su titularidad en el encargo inició el 10 de diciembre de 2021 y concluiría en octubre de 2024.
“He decidido dejar el encargo y si las condiciones me lo permiten me incorporaría al Poder Judicial del Estado”, aunque también, dijo, le gustaría formar parte de la terna para el siguiente periodo, así lo agregó en la entrevista con los medios de comunicación al término de la reunión de seguridad del jueves pasado. Además, dijo que permanecerá en el encargo en tanto el Congreso del estado determine lo conducente.
El 26 de octubre de 2023, el entonces fiscal general de Justicia de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, con efecto a partir del 31 de octubre de ese año. Murillo argumentó motivos personales.
Murillo ocupó la Fiscalía estatal desde 2018, para un periodo de siete años, que debía terminar en 2024.
CASO APARTE
Uno de los casos más llamativos de las renuncias fiscales es Oaxaca. El 18 de marzo de 2015, el Congreso local transformó la Procuraduría General de Justicia del Estado en una Fiscalía General; desde entonces, la entidad ha tenido tres fiscales y los tres han renunciado antes de tiempo.
El primero en renunciar fue Héctor Joaquín Carrillo Ruiz. Fue designado por el Congreso del estado el 3 de agosto de 2015 y habría que ocupar dicho cargo durante los próximos cuatro años.
Con la llegada de Alejandro Murat al gobierno de Oaxaca, a partir, el 24 de abril de 2017, Carrillo Ruiz presentó su renuncia dos años antes de concluir su gestión al frente de la nueva Fiscalía.
El 12 de mayo de 2017, Murat envió una terna al Congreso: Rubén Vasconcelos Méndez, Jorge Antonio Benítez Calva y Raúl Palomares Palomino; la votación favoreció a Vasconcelos Méndez y fue designado como el nuevo fiscal por un lapso de siete años, tal como lo señala la nueva ley orgánica de la Fiscalía.
El 5 de marzo de 2021, Vasconcelos renunció a la fiscalía, argumentó que dejaba una institución fortalecida, pero en el fondo de su salida estuvo la presión de grupos feministas. Ocho días después, el gobernador Murat anunció que el exfiscal se incorporaría a su gabinete.
“Rubén es un profesional y es un fiscal que le dio resultados a Oaxaca, es mi amigo, y por supuesto que estará incorporándose a mi gabinete”, anunció Alejandro Murat el 13 de marzo de 2021.
El 18 de marzo de dicho año, Arturo Peimbert Calvo fue nombrado por el Congreso de Oaxaca como nuevo fiscal, cargo que debiera ocupar hasta 2028. El 23 de diciembre de 2022, Peimbert Calvo renunció a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En ese entonces dijo que su salida se debía estrictamente “a motivos personales” y descartó que fuera por presiones del gobierno estatal.
3 FISCALES EN Q. ROO
El 26 de junio de 2023, Óscar Montes de Oca Rosales, entonces fiscal del estado de Quintana Roo, presentó su renuncia al cargo “por motivos personales”, según la carta enviada a la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
En el análisis de los hechos se vislumbra que la salida de Montes de Oca se debió, principalmente a la dinámica de violencia, donde se registraban homicidios y desapariciones con frecuencia, principalmente en el norte del estado.
Montes de Oca tomó protesta como fiscal de Quintana Roo el 12 de diciembre de 2018, durante el sexenio de Carlos Joaquín y debió de haber permanecido en el cargo durante nueve años, hasta 2027.
Entre 2016 y 2023, Quintana Roo ha tenido tres fiscales, Arturo Álvarez Escalera, Miguel Ángel Pech Cen y Óscar Montes de Oca Rosales.
El primer fiscal que tuvo el Estado de México, después de la reforma de 2016, Alejandro Gómez Sánchez, renunció después de casi ocho años de ocupar el cargo, el 16 de febrero, 2022. Debió permanecer otros ocho meses, pero su argumento para salir fue:
“El cargo de fiscal general de Justicia conlleva un desgaste personal, físico y emocional, así como en lo profesional. Es por ello que, a partir de una reflexión personal, así como con mi familia y colaboradores, tengo la certeza de que es momento de cerrar ese ciclo después de casi ocho años al frente de esta institución”.
Gómez Sánchez fue designado procurador de Justicia en mayo de 2014 por el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas; en 2017, con Ávila como ejecutivo estatal, el Congreso mexiquense designó a Gómez Sánchez primer fiscal general de Justicia con la transformación legal de esta institución de dependencia del gobierno estatal a órgano autónomo.
El 10 de agosto de 2023, Ricardo Iván Carpio presentó su renuncia al cargo de fiscal general del estado de Baja California; aludió motivos personales.
En enero de 2022, el Congreso de Baja California designó a Carpio como titular de la Fiscalía del estado. Iván Carpio sustituyó a Guillermo Ruiz Hernández, quien también renunció al cargo dos años después de asumir el cargo. El Congreso nombró a Carpio como fiscal para que cumpliera el mandato hasta el 18 de enero de 2028.
MOTIVOS DE SALUD
En 2018, la entonces gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, actualmente cónsul de México en Barcelona, nombró a Claudia Indira Contreras Córdova, como fiscal de la entidad. El 9 de mayo de 2023, ya en la administración del gobernador Alfonso Durazo, presentó su renuncia al cargo.
Contreras Córdova hizo pública una carta en la que señaló que “después de compartir profundas reflexiones, el gobernador del Estado (Alfonso Durazo) y una servidora, hemos coincidido que ha llegado el momento de un relevo en la titularidad de esta institución”.
La encomienda de Contreras era para cubrir un periodo hasta 2027.
Octavio Solís Gómez estuvo solamente tres años como fiscal de Jalisco, a partir de 2018, con la administración de Enrique Alfaro. La Salida de Solís, según divulgó, fue por motivos de salud. La renuncia ocurrió el 2 de febrero de 2022.
El gobernador Alfaro hizo oficial la renuncia por motivos de salud del fiscal Solís Gómez. Destacó la importancia de la labor del funcionario durante estos poco más de tres años, reconoció el esfuerzo y dedicación que imprimió a su encargo. Alfaro confirmó que la probabilidad de su salida estuvo latente desde los últimos meses y era un escenario que se tenía acordado entre ambos personajes, ante lo cual le brindó su apoyo irrestricto y deseó una pronta recuperación.
En Nuevo León, el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez renunció el 5 de octubre de 2023. Estuvo al frente de la dependencia 4 años. Fue nombrado por el Congreso de Nuevo León el 9 de marzo de 2018 para cubrir un periodo hasta 2024.
En una carta dirigida al Congreso estatal, el exfiscal explicó que acaba de cumplir 40 años en el servicio público y había decidido jubilarse.
La salida de Guerrero de la fiscalía se dio en el contexto de grandes casos de violencia de género sin resolver.
NO RINDEN CUENTAS
Susana Camacho, cocoordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, dijo que otro gran problema que existe en torno a las fiscalías autónomas y que no depende únicamente de los ejecutivos locales en turno, “es la forma en la que se les exige rendir cuantas a los fiscales supuestamente autónomos; a pesar de que las constituciones dicen que debe de rendir cuentas anualmente de su funciones, no lo hace y de alguna manera los fiscales no se ven ligados o comprometidos con la sociedad a la que se deben, sino con los gobernadores”.
Señaló que los fiscales tampoco van a dar cuentas al Congreso y desde los congresos no se exige; “3s de parte de la sociedad que se debe hacer cumplir con esta obligación que tiene los fiscales”.
Comentó Camacho que desde México Evalúa se han impulsado las redes de justicia, “trabajamos con nueve estados y se articula con organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, universidades para que se vigile que se cumplan las obligaciones, por ejemplo de rendir cuentas al Congreso, de presentar planes de política de persecución penal, que son otros instrumentos que se han impulsado”.
De acuerdo con Camacho, el manejo político que se da en los estados a la procuración de justicia, van en detrimento de esta tarea.
“Evidentemente tiene un peso importante sobre lo que se va investigar y lo que se decide no investigar; a nivel federal es más evidente este problema. Para algunas situaciones se argumenta la autonomía de la fiscalía y para otras cosas se utiliza por parte de los ejecutivos, en este caso, si investiga a tal o cual persona, como ejemplos está n los investigadores, defensores de derechos humanos y periodistas.
“Por la otra encontramos caso de personas que son denunciados por delitos de alto impacto, y que por tener intereses directos con los ejecutivos no se persigue a las personas, esto causa mucho daño a las instituciones porque no se ve a la persecución penal como un ente encargado de hacer justicia, del que si hay delitos detrás si se persigue”, dijo.
Fiscales de Veracruz se quedan a medias
XALAPA.— En Veracruz, ninguno de los fiscales ha cumplido el periodo de 9 años que les asignaron dada la alternancia política que se ha generado en los últimos años, en coincidencia con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia a nivel nacional, en 2015, y que ha evidenciado que tampoco ha podido ser autónoma.
Es decir, de 2015 hasta la fecha han pasado por la institución tres fiscales, por lo que ninguno ha podido completar su gestión.
El 30 de enero de 2015, Luis Ángel Bravo fue designado, por un periodo de 9 años, pero en 2016, los escándalos de corrupción del entonces mandatario, su abrupta salida del gobierno estatal con una licencia y la llegada del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, debilitaron al fiscal quien renunció antes de la toma de protesta del nuevo mandatario.
Meses después, Luis Ángel Bravo fue detenido por un presunto caso de desaparición forzada.
Luego, en diciembre de 2016, llegó Jorge Winckler hasta a 2019, cuando fue sacado en un acto golpista.
Actualmente, Verónica Hérnández encabeza la Fiscalía estatal y lleva cuatro años.
Lourdes López
Ejecutivo estatal debe palomear propuesta
OAXACA, Oax.— El 30 de junio de 2015 fue promulgada por decreto, publicada en el Periódico Oficial Extra de Oaxaca, la facultad del Congreso local de elegir al fiscal general del Estado.
La reforma establece que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado de Oaxaca como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
A la fecha han transcurrido ocho años 11 meses de su vigencia, mismo periodo de tiempo en que se han nombrado cuatro fiscales generales, por lo que constitucionalmente sólo dos personas debieron haber pasado por este cargo, ya que el periodo del nombramiento es de siete años.
Sin embargo, en los hechos no existe autonomía de la Fiscalía; el nombramiento tiene que esperar a ser “palomeado” por el Ejecutivo estatal, y este visto bueno depende de intereses o compromisos políticos.
Patricia Briseño
Barrios sobrevivió a cambio de gobierno
CIUDAD VICTORIA.— Irving Barrios Mojica es el único funcionario panista que ha mantenido su cargo como fiscal de Tamaulipas dentro de una controvertida protección y dentro de una administración de oposición.
Barrios tomó el cargo (2018) en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca y sigue como titular en la administración morenista de Américo Villarreal.
Antes de que el exmandatario terminara su cargo apoyado con el Congreso local se le dio una protección y acabarla para 2027; aunque cuenta con la garantía de poder reelegirse y, en dado caso de lograrlo su mandato terminará hasta 2032.
A través de una controversia, en agosto de 2023, la Suprema Corte avaló las reformas de la constitución de Tamaulipas que avalan el blindaje a este fiscal. Aunque Morena impugnó y trató de removerlo hasta el momento no han podido debido a que necesitan 24 votos de 36 por tratarse de tema constitucional.
Alfredo Peña
Frenan en NL intento de fiscal a modo
MONTERREY.– Desde que Gustavo Adolfo Guerrero dejó su cargo como fiscal general de Nuevo León, el 5 de octubre de 2022, la entidad ha mantenido un fiscal interino.
Lo anterior porque el gobernador emecista, Samuel García, ha mantenido una disputa con el Congreso estatal por la designación del nuevo titular de la Fiscalía del estado.
García acudió en noviembre de 2022 ante la Suprema Corte, luego de que el Congreso estatal definió como los cuatro finalistas para ocupar el cargo al priista Adrián de la Garza Santos y tres excolaboradores suyos: Genero García, Guadalupe Saldaña y el actual encargado del despacho, Pedro Arcé Jardón.
El Congreso de Nuevo León ha alegado que García quiere poner un fiscal a modo para desde ahí amenazar a sus rivales políticos; sin embargo, han dejado en claro que la facultad de designar al fiscal es tarea del Legislativo.
Guerrero dejó su cargo el 5 de octubre del 2022, en medio de una crisis de la FGJNL por los feminicidios de Debanhi Escobar Bazaldúa y Yolanda Martínez.
