By Político Mx
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos contra diversas personas, las cuales ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación mexicana.
Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presenta una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la dependencia, las solicitudes fueron recibidas el pasado 28 de abril a las 18:00 horas a través de la Embajada de Estados Unidos en México, en el marco del Tratado de Extradición bilateral vigente entre ambos países.
La SRE explicó que tras una revisión preliminar, los documentos no contienen elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas.
FGR definirá si proceden detenciones con fines de extradición
Pese a la falta de evidencia concluyente, la Cancillería detalló que el procedimiento debe seguir su curso legal, por lo que será la Fiscalía General de la República la encargada de evaluar si existen elementos probatorios que permitan solicitar detenciones provisionales con fines de extradición.
“La información recibida se turnó a la FGR para que conforme al sistema jurídico mexicano, determine la viabilidad de las solicitudes”, indicó la dependencia.
Esto implica que el proceso aún se encuentra en una etapa inicial y que cualquier acción dependerá del análisis que realice el Ministerio Público federal bajo la Ley de Extradición Internacional.
México reclama a EUA por difusión del caso
La Secretaría de Relaciones Exteriores también anunció que enviará un “extrañamiento” diplomático a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hizo pública la información relacionada con estas solicitudes.
La dependencia subrayó que los tratados internacionales en materia de extradición contemplan cláusulas específicas de confidencialidad, por lo que consideró inapropiada la difusión de datos antes de que se complete el proceso legal correspondiente.
