By Proceso
El representante legal de la empresa AP American Protective, SA de CV, exigió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que pague los dos millones 17 mil 128.75 dólares que le debe la administración capitalina desde 1999; y si incumple, podrá solicitar el embargo.
El 13 de agosto último Ysolino Antón González, representante legal de la empresa, presentó un escrito ante el juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México en el que le solicitó obligar a la jefa de Gobierno a pagar la deuda, ya sea mediante una carta de crédito, como fue ordenado desde 2001 o mediante un pago directo en moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente, lo que equivaldría a 34 millones 215 mil 695 pesos aproximadamente.
En su escrito, Antón González recordó que, en sentencia del 20 de agosto del año 2001, dicho juzgado condenó al entonces Gobierno del Distrito Federal por conducto de la entonces Secretaría de Seguridad Pública a cumplir con su deuda mediante la expedición de una carta de crédito.
Desde entonces, el gobierno capitalino ha tramitado diversos incidentes y recursos para evitar el pago aludiendo que carece de recursos para hacerlo porque la partida de la que saldría dicha cantidad ya fue ejercida en la década de los noventa por la administración de Alejandro Gertz Manero (ahora embajador de México en Reino Unido) en la Secretaría de Seguridad Pública del DF, o que está imposibilitado para hacerlo mediante la carta de crédito porque esta debía ser expedida por el Banco Bital, mismo que ya no existe.
De esa manera, han transcurrido ya 25 años sin que la empresa pueda obligar al gobierno de la CDMX a pagarle la deuda que Gertz Manero contrajo por la compra de ocho mil 995 chalecos antibalas para los elementos policiales del entonces DF.
El incumplimiento de Gertz Manero
Proceso informó en su edición semanal 2381 que, en el año 1999, Alejandro Gertz Manero, quien era titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, firmó un contrato con AP American Protective para comprar los ocho mil 995 chalecos antibalas que serían entregados a la dependencia el 8 y 23 de enero y el 7 de febrero del año 2000.
A cambio, la empresa recibiría un pago de dos millones 17 mil 128.75 dólares luego de pagar una fianza y realizar pruebas a los chalecos para acreditar que cumplían con los requerimientos de la Secretaría.
La empresa cumplió con las condiciones que le fueron impuestas, pero el gobierno capitalino no le entregó la carta de crédito expedida por el hoy extinto banco Bital por el importe del contrato para que AP American Protective pudiera cobrar una vez que se concretara la entrega de los chalecos, es decir, después del 7 de febrero del año 2000.
Ante eso y la negativa del gobierno capitalino a cumplir con el contrato, la empresa demandó y en agosto de 2001 ganó en primera instancia que la administración de la Ciudad de México fuera condenada a pagar la millonaria deuda.
Esta sentencia ya fue confirmada por la Cuarta Sala Civil de la CDMX el 15 de noviembre de 2001 y, aunque el gobierno de Miguel Ángel Mancera tramitó un amparo contra el fallo, el 22 de marzo de 2002 se le negó la protección federal, por lo que el fallo de 2001 quedó firme.
Desde el 1 de octubre de 2002 el juez Cuadragésimo Noveno de lo Civil requirió al gobierno de la Ciudad de México para que entregara la carta de crédito.
Eso causó el trámite de diversos incidentes y juicios de amparo en los que el gobierno de la CDMX ha afirmado que no cuenta con recursos ni puede cumplir con el contrato en los términos de éste, es decir, que no puede entregar la carta de crédito expedida por el banco Bital, que en 1999 llevaba las cuentas de la administración capitalina, porque ya no existe.
Sin embargo, eso sólo causó que ya existiera una orden federal que establece que la administración de la CDMX debe ajustar las condiciones de pago a la realidad actual, es decir, pagar los más de dos millones de dólares para recibir la cantidad de chalecos correspondientes al precio actualizado, que en todos estos años ya se multiplicó.
Lo anterior implica que el gobierno capitalino reciba menos de los ocho mil chalecos comprados por Gertz Manero en 1999.
También se le ordenó entregar la carta de crédito pactada vía HSBC, institución que absorbió la cartera del extinto banco Bital.
En diversas ocasiones las administraciones de la CDMX han sido multadas, incluida la de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.
En enero de este año un tribunal federal confirmó de manera definitiva una de las multas impuestas al gobierno ahora encabezado por Clara Brugada.
Ante esta resolución Ysolino Antón González busca que el juez obligue a Brugada a pagar y, si no lo hace, entonces podrá iniciar una vía de apremio en la que el gobierno capitalino podría ser embargado por la cantidad que adeuda.
“La presente promoción no inicia una ejecución nueva. La ejecución fue solicitada oportunamente y ha permanecido activa mediante actos jurisdiccionales dirigidos a obtener el cumplimiento”, señaló el representante legal en su escrito.
“Esta parte actora manifiesta su disposición a recibir, sólo si no existe objeción de Su Señoría y la parte demandada opta voluntariamente por ello, el pago directo, íntegro y efectivo a favor de AP American Protective, SA de CV del equivalente correspondiente al importe de USD $2,017,128.75, calculado al tipo de cambio vigente en la fecha en que efectivamente se realice el pago, exclusivamente para evitar a la demandada gastos, comisiones y costos adicionales inherentes a la tramitación y expedición de la carta de crédito”.
Hasta el momento el juez Cuadragésimo Noveno no ha emitido ningún acuerdo sobre lo solicitado por Antón González, pero si requiere al gobierno de Clara Brugada y éste insiste en no cumplir, la empresa tendrá vía libre para buscar el embargo.
