By Proceso
El Congreso de la Unión ha incumplido desde hace cinco años una orden de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) para que legisle la Ley General de Comunicación Social, lo que ha permitido al oficialismo realizar asignaciones discrecionales de publicidad, tal como lo hicieron los gobiernos del PRI y PAN.
Sin embargo, integrantes oficialistas de la actual Legislatura afirman que no se trata de un desacato, sino de una simple omisión legislativa y prevén que cumplan con la orden de la SCJN hasta el próximo periodo ordinario de sesiones.
A su vez, la actual Corte – que en su mayoría está integrada por ministros afines al oficialismo– no ha hecho nada que obligue al Congreso para que subsane las deficiencias de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2018, pese a que tres años después, en 2021, resolvió en favor de un amparo promovido Artículo 19, asociación civil que impulsa la libertad de expresión.
El 13 de enero último la SCJN pospuso la discusión de la Ley General de Comunicación Social, proyecto propuesto por la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el que buscaba declarar una “omisión legislativa relativa” para ordenar de nuevo al Congreso a retomar la reforma y corregir las deficiencias legislativas.
Peregrinar para una ley
La Ley de Comunicación Social nació desde que la SCJN falló en favor de Articulo 19, luego de que aceptó un amparo por omisión legislativa absoluta; es decir, no existía la ley por lo que ordenó al Congreso emitir una que defina los lineamientos para contralar el gasto del gobierno federal en publicidad oficial.
En noviembre de 2017 la Corte aprobó el proyecto que presentó el entonces ministro Arturo Zaldívar (hoy coordinador general de Política y Gobierno en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum).
La sentencia en favor de Artículo 19 establece que el Congreso estaba obligado a expedir una ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, para fijar la regulación del gasto en comunicación social.
Sin embargo, fue hasta 2018, meses antes de que terminará el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el Congreso creo la Ley General de Comunicación Social que entró en vigor el 11 de mayo del mismo año. En ese momento la Ley fue conocida como “Ley Chayote”.
Desde un inició la Ley General de Comunicación Social mostraba inconsistencias en procedimientos concretos y reglas específicas, por lo que un mes después de su aprobación la SCJN admitió tres acciones de inconstitucionalidad hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el partido Movimiento Ciudadano (MC) y senadores.
Artículo 19 volvió a impugnar la Ley de Comunicación Social porque esa legislación no cambiaba sustancialmente el “estado de cosas inconstitucional” que declaró la Primera Sala de la SCJN en 2017.
Además de que incumplía con los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial; tampoco contenía elementos básicos para la regulación de la publicidad oficial, ni se considera a los concesionarios de uso social comunitario y a los de uso social indígena.
El amparo fue admitido por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el 8 de septiembre de 2021 la Primera Sala de la SCJN ordenó al Congreso que por ‘omisiones legislativas relativas’ volver a trabajar la Ley de Comunicación Social.
La promesa
Proceso consultó a los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, quienes detallaron que la subsanación a la Ley de Comunicación Social se realizará el próximo periodo ordinario de sesiones.
El presidente de la Jucopo en el Senado, Ignacio Mier, quien, en 2021 fungía como diputado de Morena en San Lázaro, e incluso también fue presidente de la Junta política, asegura que la Ley de Comunicación Social no se reformó tras la sentencia de 2021 porque en ese entonces era cuando “la Corte legislaba”.
El senador morenista dice que la Ley de Comunicación Social se legislará el próximo periodo ordinario y que la Cámara de Diputados será la cámara de origen.
El presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreral, aclara que el Congreso no cometió desacato a la Corte, sino que incurrieron en la figura jurídica de omisión legislativa.
Además, el diputado morenista, quien en 2021 era senador y también fungió como presidente de la Jucopo, explicó que “en ese caso, cuando se invalida una norma legislativa, una norma jurídica de una ley reglamentaria, la Corte hace recomendaciones de invalidez de la norma y el Congreso tiene la obligación de acordarla, acotarla, enmendarla o corregirla.
“Estamos en eso, no se ha hecho porque ha habido bastante trabajo, pero seguramente se hará en el periodo ordinario de sesiones próximo. Yo creo que será el próximo periodo de sesiones del 1 de septiembre tenemos que sacar ese y otros temas”, asegura.
El golpe para los medios de comunicación
La oficial del programa de ecosistema informativo y tecnología de Artículo 19, Martha Tudón, explica que la Ley de Comunicación Social tiene que subsanarse de fondo para que establezcan los mecanismos de publicidad oficial para medios.
El que no se haya resuelto, dice, los únicos beneficiados de la Ley de Comunicación Social son los partidos que están en el poder porque pueden utilizar la publicidad oficial como un medio de control de los medios de comunicación.
“Sería muy ingenuo pensar que no hay un beneficio directo de aquellas personas, aquellos partidos políticos que están en el poder de decir que esta situación no les conviene, pero también creo que es una contradicción en términos del discurso que se tiene sobre el combate de la corrupción, el combate al gasto desproporcionado etcétera.
“Esa situación le benefició no solamente a Peña Nieto, sino también a Andrés Manuel López Obrador y actualmente también le está beneficiando el gobierno en turno”, detalla.
Martha Tudón también explica que al no estar establecidos los criterios para otorgar publicidad oficial a medios se presta para que el gobierno castigue o premio una cobertura periodística “porque como no hay una manera objetiva en la cual tú pudieras ser elegido como medio de comunicación para que te asignaran la publicidad oficial, depende mucho de la voluntad y un criterio completamente arbitrario de la persona que tuviera el poder de asignarte el dinero que es tuyo, mío y es de todos los mexicanos”.
De acuerdo con un informe de Articulo 19, en 2024, último año de López Obrador en la Presidencia y el comienzo de la actual administración de Sheinbaum, el gasto en comunicación social y publicidad oficial se redujo significativamente. Sin embargo, mantuvo su publicidad con al menos tres empresas de comunicación: Televisa, Medios Masivos Mexicanos y La Jornada.
Ya que en todo el sexenio de López Obrador estas tres empresas fueron las que más gasto en publicidad tuvieron por parte del gobierno federal: Televisa, con mil 877 millones de pesos; La Jornada, mil 596 millones; TV Azteca, con mil 340 millones y Medios Masivos Mexicanos con mil 282 millones.
En 2024, último año de Andrés Manuel López Obrador e inicios del de la presidenta Sheinabum tres de esas empresas fueron las que más gasto en publicidad tuvieron por parte del gobierno: Televisa, con 375 millones 417 mil 770 pesos; Medios Masivos Mexicanos, con 240 millones 719 mil 805 pesos, y La Jornada con 233 millones 177 mil 783 pesos.
De acuerdo con el informe, los datos exponen un patrón sostenido de concentración y falta de pluralidad en la asignación de la publicidad oficial.
Martha Tudón puntualiza que un medio de comunicación puede recibir o no la publicidad oficial dependiendo la cobertura que ejerza, lo que calificó como peligroso, ya que algunos medios tienen “cierta línea editorial” desde sus inicios. Sin embargo, algunos medios tendrán la necesidad de tener una “conciencia” de que va a existir “castigo” por publicar contra el gobierno federal en turno.
Balbina Flores, representante en México de la organización internacional Reporteros sin Fronteras, considera que, pese a que no todos los medios están condicionados a la publicidad oficial, la mayoría de ellos subsiste debido a ella. Sin embargo, lo que ha notado la organización internacional es que existen medios que autolimitan su información por temas económicos.
