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El gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, enfrenta serias acusaciones de corrupción por el desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante un esquema de 227 empresas fantasma, afectando sectores estratégicos como la salud, la educación y el desarrollo social.
La administración veracruzana creó una compleja red de corrupción en la que hasta 80% de los contratos públicos habrían sido canalizados hacia un grupo selecto de empresas ficticias, muchas de las cuales operan con domicilios en casas particulares, en colonias populares.
Entre las empresas investigadas figuran Dimaq de Xalapa SA de CV; Abastecedora de Insumos y Equipos Comerciales S de RL de CV; Aguas Minerales de los Tuxtlas SA de CV; Distribuidora Biotecpharma S de RL de CV y Phono & Medical SA de CV, las cuales comparten la característica de tener direcciones fiscales en domicilios particulares, estas compañías, según los informes, fueron creadas, en su mayoría, entre 2019 y 2022, periodo que coincide con la administración de García Jiménez.
A través de una complicada ingeniería contable, la administración de Cuitláhuac García se estructura mediante la creación de empresas “fachada” que permiten redirigir contratos sin controles efectivos, empleando prestanombres y beneficiarios de programas sociales como representantes legales, lo que hace difícil de rastrear, facilitando la triangulación de recursos y su envío de las áreas que más los necesitan, como hospitales, infraestructura y escuelas.
De las 227 empresas fantasma detectadas, un total de 52 han sido utilizadas por la Secretaría de Salud, siendo esta dependencia la principal fuente de adjudicaciones para las compañías investigadas.
De acuerdo con el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, cinco empresas controlan 80% de los contratos en salud, concentrándose cerca de cinco mil millones de pesos.

