By La Silla Rota
El Congreso del Estado de Oaxaca cerró la puerta a la despenalización de la eutanasia en esa entidad, asegurando que una muerte asistida es “una muerte fácil” y no una muerte “correcta”, la que define únicamente como la muerte natural. Y rechazando que las leyes locales de la entidad que prohíben y criminalizan está práctica sean inconstitucionales o violenten derecho humano alguno.
Lo anterior lo expuso el Congreso oaxaqueño, a través de su representante legal, como respuesta al juicio de amparo 15576/2026, promovido por una mujer de nombre Ofelia, sobreviviente de cáncer y quien solicitó ampararse contra actos del Poder Legislativo, específicamente ante la normativa que prohibe y castiga la eutanasia: la Ley de Cuidados Paliativos para los Enfermos No Curables o en Situación Terminal.
La postura del Congreso oaxaqueño está plasmada en un informe justificado fechado el pasado 26 de agosto, dirigido a la Jueza Noveno de Distrito del Estado de Oaxaca y contenido en Expediente Principal 993/2026, documento al que tuvo acceso La Silla Rota. Dicho informe se rindió luego de que desde la sociedad civil se han impulsado dos amparos encaminados a revisar la constitucionalidad de las leyes que actualmente prohíben la muerte digna en territorio oaxaqueño, en los cuales se busca protección ante actos realizados por los diputados, a quienes se les considera responsables de que la actual legislación criminalice la eutanasia.
En dicho documento la diputada morenista Tania Caballero Navarro, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 66 Legislatura del Congreso local y representante legal del mismo rechaza la pertinencia de los actos reclamados en el amparo de Ofelia, argumentando entre otras cosas que no existe un interés legítimo ya que la quejosa “no acredita la afectación” que los actos del Congreso causan a su esfera jurídica.
Lo anterior, argumenta la presidenta de la Jucopo, ya que no se puede demostrar que la actual legislación violente alguna garantía de la mujer que impulsa el amparo respecto “al derecho de decir la forma y el momento de su muerte” y por tanto, afirma, no hay forma de comprobar la inconstitucionalidad de la ley, puesto que la muerte “ocurre de manera natural” y en todo caso sólo existiría la posibilidad de afectaciones y no algo consumado.
Ante ello, la diputada morenista argumenta que el juicio de amparo es improcedente y solicita a la Jueza el sobreseimiento del mismo.
Muerte “natural”, única opción
El Congreso de Oaxaca insiste en que la legislación que criminalizan la eutanasia no es inconstitucional dado que se debe proteger el derecho a la salud, como un vehículo para la “prolongación y mejoramiento de la vida humana”, por lo que concluye que “los tratamientos paliativos son considerados como la opción más adecuada para pacientes con enfermedades no curables y en estado terminal”.
El documento también insiste en que la muerte “es un proceso natural” y que la prohibición de la eutanasia no tiene un trasfondo moral o religioso, sino que con el paso del tiempo los avances científicos y tecnológicos “permiten hacer la vida mas larga, placentera y duradera”, es decir que “nos evitan dolores y sufrimiento”, lo que haría injustificable la eutanasia como una opción para una muerte sin dolor en casos de enfermedades terminales.
Así, sostiene que la única opción para una muerte digna son los cuidados paliativos, y los pacientes terminales deben elegir entre seguir con tratamientos medicos, o bien “esperar el momento de la muerte natural”, con medidas que mitiguen el dolor; es decir, forzosamente deben padecer dichos dolores hasta que su muerte ocurra, sin posibilidad de adelantarla o evitar dicho sufrimiento.
El texto insiste en que para tener una muerte digna se debe “respetar el momento natural de la muerte de cada persona” y justifica la prohibición de la eutanasia asegurando que al existir una intención de la misma persona o de un tercero cercano, “supuestamente compasiva o liberadora de eliminar la agonía” no se respeta la dignidad humana.
“Su prohibición fue necesaria, ya que está figura no respeta la dignidad humana como derecho fundamental superior reconocido en el orden jurídico mexicano: el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida”.
El informe justificado agrega que en caso de que se llegara a consumar la eutanasia, familiares o personal de salud enfrentarían delitos como el homicidio, ayuda al suicidio y omisión de auxilio y cuidados, según lo establecido en el Código Penal del Estado de Oaxaca en sus artículos 292 y 294.
Para los diputados una muerte digna se define forzosamente como “dejar que la naturaleza haga su propio efecto cuando ya no hay remedio (…) lo que se traduce en una muerte correcta y no una muerte fácil”.
¿Partido progresista?
Alex Alí Méndez Díaz, integrante del Proyecto Luciérnaga, quien acompaña el amparo de Ofelia y los de otras personas en cuatro estados más del país, bajo la premisa de que la prohibición de la eutanasia es inconstitucional, afirma que está postura del Congreso oaxaqueño es preocupante, sobre todo porque la Jucopo es presidida por Morena, un partido que se define como de izquierda y en cuya agenda a nivel nacional se incluye el derecho a una muerte sin sufrimiento, es decir la eutanasia.
“Nos preocupa que haya esta resistencia del Congreso tomando en cuenta que esperaríamos de la mayoría de Morena una postura más progresista a favor de los derechos ya reconocidos en otros países”, señala en entrevista.
La postura en Oaxaca, dice, contrasta con la posición que han tomado integrantes del mismo partido en otras entidades del país como en la Ciudad de México en donde se analiza la legalización de la muerte digna.
En la capital del país, apenas hace unos días, Clara Brugada, jefa de Gobierno emanada de Morena, informó que respalda que se abra el debate público y mesas de diálogo para discutir la legalización de la eutanasia, lo anterior tras dar a conocer que según un sondeo realizado por su administración, 86% de la población en la CDMX está a favor de legalizar la eutanasia para casos específicos de padecimientos incurables.
“Este es un tema que va a generar debate en los Congresos. Este es un primer paso, esperaremos la sentencia del juez y de las otras autoridades, pero en principio rechazamos que la garantía del acceso a la eutanasia o que la muerte medianamente asistida sea considerada fácil como afirman los diputados oaxaqueños”, sostiene Méndez Díaz.
Para el litigante, quien se ha especializo en el tema, calificar de esta manera la eutanasia es prejuzgar los procesos de fin de vida de las personas desde un lugar que no toma en cuenta las particularidades, el dolor, el sufrimiento o las características que una persona puede tomar en cuenta para solicitar la eutanasia.
El abogado precisa que aún falta el informe justificado de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum y del Congreso Federal, a quienes también se incluyen en los amparos que se promueven tanto en Oaxaca como en Tabasco, Nuevo León, Yucatán y Chihuahua.
