By Olga Pérez
San Cristóbal de Las Casas.- Los Obispos de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, titular y Luis Manuel López Alfaro, denunciaron amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil, así como presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal.
“En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas, estamos sufriendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo”, citan en un comunicado.
Lamentan que los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y se han encontrado en el estado de sitio, bajo psicosis social “con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”.
Afirmaron que como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, “sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”.
Aseguran que la omisión del estado frente a esta realidad “mantiene a los pueblos en la incertidumbre total”. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas”.
Denunciaron que actualmente el desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como la falta de atención médica y medicamentos, son consecuencia de la continua violencia.
“La falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo. Los reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas. El control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y “de paso” (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios”, añaden.
Responsabilizan de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno “que han hecho caso omiso a las denuncias de la sociedad civil”.
Piden atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que está destruyendo la vida de nuestros pueblos, “atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delincuenciales. Que se respeten los centros educativos, libres de violencia”.
