By Proceso
La pérdida de control territorial ante el crimen organizado en el país representa una “amenaza directa” a la democracia, advirtió el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera.
“Cuando el crimen sustituye funciones del Estado o logra someter a quienes deberían combatirlo, estamos frente a una amenaza directa a nuestra democracia. No puede haber libertad donde gobierna el miedo, ni soberanía donde mandan los criminales”, aseguró.
En un comunicado, el exlegislador acusó que México enfrenta “una crisis de seguridad que ya no puede medirse únicamente en homicidios o enfrentamientos, sino también en la pérdida de control territorial y en la capacidad del crimen organizado para imponer condiciones sobre comunidades enteras”.
Sin mencionar nombres, afirmó que en distintas regiones del país las organizaciones criminales “cobran cuotas, controlan actividades económicas, condicionan la movilidad de las personas y generan un entorno en el que la autoridad pierde presencia y capacidad de respuesta”.
Añadió que ya no se trata solo de cifras, sino “de lugares donde el ciudadano sabe perfectamente quién manda y muchas veces no es la autoridad. Eso es lo que tenemos que revertir”.
El exjefe delegacional en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, consideró que recuperar a México significa “recuperar cada comunidad, cada carretera y cada espacio público que hoy está bajo amenaza del crimen organizado”.
Y sentenció: “No podemos acostumbrarnos a que haya territorios donde las familias vivan con miedo, donde trabajar implique pagar derecho de piso o donde desplazarse dependa de la voluntad de un grupo criminal”.
Según dijo, el problema de seguridad en el país “también es institucional y político, particularmente cuando existen señalamientos sobre cooptación, protección o influencia del crimen organizado sobre autoridades”.
Ante ese panorama, Romero Herrera anunció que Acción Nacional impulsará una política de seguridad basada en “fortalecimiento institucional, inteligencia, combate financiero a las organizaciones criminales y cero tolerancia a cualquier vínculo entre servidores públicos y grupos delictivos”.
