By La Silla Rota
La abogada Mónica Calles Miramontes denunció públicamente que existe una carpeta de investigación en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que difundió videos y acusaciones sobre presuntas irregularidades ocurridas durante una diligencia en el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con un posicionamiento difundido por la propia abogada, el 31 de agosto recibió una notificación sobre la investigación y sobre la emisión de medidas de protección en favor de una persona cuya identidad se mantiene reservada.
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Calles aseguró que entre las restricciones notificadas se encuentra no molestar, intimidar o emitir expresiones que denigren a la persona considerada víctima.
La existencia y alcances concretos de la carpeta, así como el origen de la denuncia, no han sido detallados públicamente por la FGR ni por el INE, de acuerdo con la revisión realizada para esta nota.
¿Qué ocurrió durante la diligencia en el INE?
El episodio tiene como antecedente una diligencia del 20 de agosto de 2026 en la que Calles participó como abogada.
Personal de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral incomunicó y le retiró el teléfono celular a una persona que renunció a su puesto debido a actos de presunto acoso laboral, denunció la afectada.
Videos publicados en redes sociales muestran la diligencia en la que la secretaria particular de la titular de la UTCE gestionó la separación de la afectada y, en su último día de labores, fue encerrada, se le grabó con celulares personales mientras la amedrentaban y le confiscaron dispositivos de su propiedad.
La abogada Mónica Calles dio a conocer que Andrea Gutiérrez, secretaria particular de la titular de la UTCE, ordenó que trabajadores de protección civil se hicieran pasar como personal de seguridad y encerraron a la trabajadora, quien dejó el puesto tras pasar meses sufriendo grave hostigamiento laboral y violencia psicológica prolongada.
“Ahí le quitaron con toda arbitrariedad un disco duro personal con infinidad (literalmente infinidad de su información personal, médica, bancaria, fotos, familiar, academica) de información de absoluta privacidad”.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE es el área encargada de analizar y los procedimientos sancionadores (tipo Dato protegido y todos)
En los videos se observa a la abogada pedir a Ramírez que explique en qué consiste el procedimiento que se lleva a cabo contra la trabajadora del INE, el número del expediente y las facultades de los funcionarios que participan en la audiencia.
Ante la petición de que se identificaran y explicaran el procedimiento, la secretaria particular de la titular de la UTCE dijo que en el oficio constaba la información solicitada pero no especificó de qué trataba el procedimiento y cuáles son sus atribuciones.
El 1 de junio, la consejera Rita Bell dijo en una reunión de la comisión temporal de presupuesto que se estaba pidiendo la renuncia a más de 100 trabajadores de unidades técnicas y que, pese a las solicitudes para que la secretaría ejecutiva informara de los despidos, no se había atendido la petición. Al día siguiente, en su cuenta de X, el consejero Martín Faz confirmó que había despidos masivos debido a los cambios en las unidades decididos por la presidenta, Guadalupe Taddei.
Posteriormente, el INE difundió un comunicado en el que responde a información en el sentido de que se ha despedido a 836 personas en lo que va de 2026. Esas bajas, señaló la dirección de comunicación, corresponden contrataciones por honorarios, personal temporal incorporado a proyectos específicos y plazas estructurales, pero cada una tiene su propia lógica.
Calles acusa intento de intimidación
Tras conocer la investigación, Calles afirmó que la actuación penal está relacionada con la publicación de los videos.
“Mi voz jamás cederá frente a la intimidación”, expresó en su posicionamiento.
La abogada calificó el procedimiento como una persecución derivada de su ejercicio profesional y acusó al INE y a funcionarios del organismo de intentar frenar sus críticas.
Calles también lanzó señalamientos políticos contra el instituto y afirmó que las instituciones electorales se encuentran sometidas al poder político. Estas expresiones forman parte de su postura personal y no de hechos acreditados.
Esto dice la denuncia contra la abogada
La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la abogada Mónica Calles Miramontes la existencia de medidas de protección dictadas en favor de una persona de identidad reservada, dentro de una carpeta de investigación radicada el 28 de agosto de 2026, de acuerdo con un oficio fechado el 31 de agosto al que tuvo acceso La Silla Rota.
El documento, emitido por un equipo de investigación y litigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), señala que la carpeta se inició “con motivo de la denuncia presentada por la persona de identidad reservada con iniciales AGS”.
Como parte de la investigación, la Fiscalía decretó dos medidas previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera establece la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia contra la víctima u otras personas relacionadas; la segunda contempla auxilio inmediato de instituciones policiales en el domicilio o lugar donde se encuentre la persona protegida cuando ésta lo solicite.
La FGR también apercibió formalmente a Calles para que se abstenga de cualquier acto de hostigamiento, intimidación, expresión denigrante o conducta que pueda menoscabar la dignidad, integridad o libre desarrollo de la personalidad de la denunciante. El documento señala que la determinación fue adoptada bajo una perspectiva de género e interseccionalidad y hace referencia al respeto de los derechos humanos, dignidad, orientación sexual e identidad de género de la víctima.
El oficio está fechado en la Ciudad de México el 31 de agosto de 2026 y aparece suscrito por Cinthya Edith Pablo Hernández, agente del Ministerio Público de la Federación y titular del equipo de investigación y litigación correspondiente.
Mónica Calles ya ha litigado frente al INE
Contexto: en 2025, la abogada promovió asuntos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relacionados con decisiones del Consejo General del INE.
Uno de ellos fue el expediente SUP-JDC-2326/2025, derivado de una consulta presentada por Calles sobre el mecanismo constitucional para cubrir determinadas vacantes surgidas de la elección judicial.
El 13 de agosto de 2025, la Sala Superior determinó que el INE había omitido responder la petición y le ordenó hacerlo a la brevedad. El Consejo General atendió posteriormente esa sentencia mediante el acuerdo INE/CG1008/2025.
Registros del propio Tribunal Electoral también documentan la trayectoria profesional de Calles como secretaria de estudio y cuenta de la Sala Regional Ciudad de México, donde participó en la elaboración de proyectos de sentencia.
